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Magistradas alegaron inseguridad en país para secretismo de Probidad

El mes pasado, la Corte ordenó poner reserva a informes de funcionarios y exfuncionarios.

Con la decisión de la Corte Plena, Probidad solo podrá entregar a la población las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de funcionarios y exfuncionarios. Foto EDH / Archivo

Por Stanley Luna

Ago 12, 2017- 21:47

El secretismo para manejar los informes de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre las investigaciones patrimoniales de exfuncionario o funcionarios públicos, avalado el mes pasado, fue discutido en las sesiones de Corte Plena correspondientes al 15 y 20 de junio.

La magistrada presidenta de la Sala de lo Civil, María Luz Regalado Orellana, y la presidenta de la Sala de lo Penal, Doris Luz Rivas Galindo, argumentaron, entre otros puntos, que los informes patrimoniales discutidos en la CSJ debían ser reservados por la inseguridad del país.

Leonardo Ramírez Murcia, también de la Sala de lo Penal, alegó que no exhibiría a las personas investigadas a la ciudadanía, según las actas de las sesiones de Corte Plena a las que este medio tuvo acceso a través de la Oficina de Acceso a la Información Pública.

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Probidad es una dependencia de la CSJ que investiga el patrimonio de funcionarios y exfuncionarios de Gobierno, y es clave en la lucha contra la corrupción.

El debate por el secretismo de los informes comenzó cuando el 13 de junio, el pleno de la CSJ ordenó al Oficial de Información Pública del máximo tribunal que elaborara un proyecto de resolución enfocado en establecer la reserva a los casos.

Este consistió en no hacer pública la información contable, financiera y patrimonial de los expedientes de los investigados por supuesto enriquecimiento ilícito cuando los magistrados todavía no emitieran una resolución final, y también reservar por siete años la información de aquellos casos donde no se encontraron indicios para abrir juicio civil.

Pero sí podrían ser entregadas a los ciudadanos las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales.

La propuesta de resolución fue presentada dos días después de la solicitud, sin embargo fue agendada para la sesión del 20 de junio, aunque la discusión inició el 15 de junio.

Regalado Orellana, al conocer el proyecto de resolución, señaló que había que tomar una decisión antes que conocieran otro informe patrimonial para analizar si existían indicios de enriquecimiento contra un funcionario y exfuncionario.

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A ella la secundó Ramírez Murcia, quien dijo que había que correr. “Hay que correr, pero tal vez hay que hacerlo con mucho cálculo y lo digo también porque la Comisión de Ética de Probidad están en fila casos que va a traer a la Corte”, dijo el funcionario.

Dos de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, Florentín Meléndez y Sidney Blanco, sugirieron que el tema fuera discutido detalladamente. “Yo no creo que genera tanto problema, e incluso, sin la propuesta del oficial de la información de una declaratoria de reserva, ya está en la ley (LAIP)”, señaló por su parte, su colega de Sala, Rodolfo González.

Blanco también propuso que la Corte Plena comenzara a conocer siete informes de Probidad y que esto no estuviera sujeto a discutir antes la reserva a los casos.

Rivas Galindo sugirió que la CSJ iniciara a buscar un equilibrio en los informes discutidos, y que la reserva debió tomarse antes de conocer el primer proceso. “Se procuró que mucha información no fue precisamente porque se pone en riesgo también la seguridad de las personas, porque decían, no todos conocemos, vivimos en zonas de máxima seguridad, vivimos en zona de riesgo y somos vulnerables también”, alegó la presidente de la Sala de lo Penal.

Añadió que con la reserva no se pretende violentar el principio de máxima publicidad de la información, pero tampoco debe volverse absoluto.

La sesión decisiva

En la sesión del 20 de junio, 8 de los 15 magistrados votaron por aprobar la reserva a los informes de Probidad. Ese día siguió la discusión por el tema.

Después de escuchar nuevamente el proyecto de resolución para la reserva, Blanco se refirió a que los oficiales de información no deben frenarla al público.

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Criticó que la petición haya sido solicitada desde la misma CSJ, y que no estuviera relacionada con el pronunciamiento hecho por la Sala en referencia al derecho de la ciudadanía a la información de interés público, de acuerdo con el artículo 6 de la Constitución de la República, tampoco que fuese respaldada por la LAIP. “Yo por iniciativa de Corte y con esa propuesta tan radical de cerrar las puertas a una información, estoy absolutamente en contra”, dijo.

Rivas Galindo intervino después de Blanco y dijo que, según el artículo 19 de la LAIP, las instituciones pueden declarar la reserva de la información de oficio, es decir, sin que nadie lo solicite.

Además, que debe respetarse la dignidad de los investigados y garantizarse la seguridad jurídica en los procesos.

“A mí en lo personal me preocupa que entren en mis cuentas, no porque tenga algo que ocultar, sino porque cualquiera pueda creer que aunque sean deudas, las que tengo, y se reflejen como pasivo: ‘¡Ah! Esta señora tiene plata, verdad, comenzar a extorsionar o cualquier otro tipo de acción”, alegó Rivas Galindo.

En seguida, Regalado Orellana dijo estar de acuerdo con los argumentos expuestos por su colega, y recordó que cuando ella pidió la reserva a los casos lo hizo pensando en la seguridad de las personas investigadas.

“No podemos negar el índice delincuencial en el que nosotros vivimos y cualquiera puede hacer uso de la información, no solamente para extorsionar, sino para cualquier otra cosa, para jugar”, agregó la presidenta de la Sala de lo Civil. A su vez, Ramírez Murcia abogó otra vez por la reserva general de los informes de Probidad, porque por mandato constitucional los magistrados están obligados a garantizar el derecho al honor de los investigados, argumentó.

Pero Blanco señaló respecto a estas posturas que debía hacerse un análisis de los derechos públicos versus la negativa de información a los ciudadanos, y que los puntos planteados por los magistrados iban en favor de los funcionarios o exfuncionarios investigados. “Yo no estoy de acuerdo con que un funcionario investigado con sospechas de enriquecimiento ilícito, es decir, con posibilidades, con indicios de actos de corrupción, sea merecer de extrema protección, más que el ciudadano común y corriente”, afirmó Blanco, quien añadió que él consideraba que los delincuentes no estaban esperando los informes de Probidad de los investigados.

Rivas Galindo alegó que no debía “satanizarse” la reserva propuesta y considerarse un retroceso: “No es que el extorsionista está esperando las declaraciones de patrimonio de Probidad, sobre el patrimonio, pero sí el crimen organizado, sí el narcotráfico”, insistió.

De esa forma, y con la participación, en su mayoría, de seis de los 15 magistrados presentes, la Corte Plena ordenó poner reserva a los informes de Probidad.

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Los magistrados a favor de la reserva fueron Rivas Galindo, Regalado Orellana, Ramírez Murcia, Sergio Luis Rivera, Roberto Argueta, Óscar López Jerez, Elsy Dueñas y Ovidio Bonilla. Y los que estuvieron en contra: González, Blanco, Meléndez, su suplente, Eliseo Ortiz, y Belarmino Jaime.

POSTURAS DIVIDIDAS EN EL PLENO DE LA CSJ

Aunque el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) está conformado por 15 magistrados de cuatro salas, en el debate, en su mayoría, solo participaron seis magistrados, a pesar de ser un tema relacionado con los derechos de la ciudadanía de acceder a la información de las instituciones públicas.

“Mientras se está instruyendo el proceso, todo es especulativo, yo no voy a exhibir a alguien que está siendo investigado”.

Leonardo Ramírez Murcia 
Magistrado de la Sala de lo Penal

“No podemos negar el índice delincuencial en el que nosotros vivimos y cualquier puede hacer uso de la información”…
María Luz Regalado
Presidenta de la Sala de lo Civil

“No es que el extorsionista está esperando las declaraciones de patrimonio de Probidad, pero sí el crimen organizado, sí el narcotráfico…”
Doris Luz Rivas
Presidenta de la Sala de lo Penal

“Yo creo que se está inclinando la balanza en favor del funcionario investigado y no de al favor del resto de la población”.
Sidney Blanco
Magistrado de la Sala de lo Constitucional

“Nos estamos cerrando con esta resolución, prácticamente nos estamos cerrando en entregar todo tipo de información”…
Florentín Meléndez
Magistrado de la Sala de lo Constitucional

“Yo no creo que genere tanto problema, e incluso, sin la propuesta del oficial de información de una declaratoria de reserva, ya está en la ley (LAIP)”.
Rodolfo González
Magistrado de la Sala de lo Constitucional

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