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A juicio 82 pandilleros que paralizaron el transporte colectivo en julio de 2015

Los imputados también deberán responder por siete asesinatos de empleados y empresarios del transporte público por no sumarse al paro de labores

De los 82 imputados, 14 están presentes en sala de audiencias. foto EDH / archivo

Por Jaime López

Jul 17, 2017- 09:35

El Tribunal Especializado (Antimafia) de Sentencia B de San Salvador inicia este lunes el juicio contra 82 supuestos pandilleros de la pandilla 18 por el delito de organizaciones terroristas quienes en julio de 2015 provocaron un paro casi a nivel nacional del transporte público.

La Fiscalía cuenta con testigos, escuchas telefónicas que prueban que los imputados delinquieron contra el transporte colectivo de personas.  La mayoría de los procesados seguirán el juicio a través de videoconferencia desde los penales Gotera, Quezaltepeque, entre otros. Algunos de los imputados aún no han sido localizados.

Está previsto que el juicio dure una semana.

De acuerdo con las investigaciones, los imputados estarían tras las amenazas que obligaron al gremio de transporte público a paralizar el servicio, la última semana de julio.

Transporte público funciona de manera irregular

Además, les atribuye los asesinatos de siete empleados de diferentes rutas por haberse negado a dejar de trabajar durante ese periodo.

Según la Fiscalía, los procesados -quienes pertenecen al ala Revolucionaria de la pandilla 18- se habrían encargado de atemorizar a los propietarios de las unidades y a sus empleados.

Los fiscales del caso han manifestado que 13 pandilleros que ya estaban recluidos (10 en el penal de Quezaltepeque, dos en el de San Francisco Gotera y uno en el de Zacatecoluca) fueron los que organizaron y ordenaron a los delincuentes que están libres que amenazaran a los transportistas y sus empleados.

Varias rutas de buses en paro por amenazas de pandillas

De ser encontradas culpables estos pandilleros podría llegar a purgar entre ocho y 12 años de prisión, pero si son jefes de estos grupos, la pena aumentaría y oscilaría entre 10 y 15 años de cárcel.

Uno de los agravantes que les atribuyen a estos sujetos es el hecho de haber actuado en grupo, atentaron contra bienes de uso público; incidieron en decisiones gubernamentales y ejercieron violencia física y psicológica contra las víctimas.

Tags Paro Transporte Seguridad

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