Informe advierte existencia de ???estados criminales??? en América Latina

Diagnóstico del American Enterprise Institute señala el creciente rol del crimen organizado en el hemisferio. Informe pone a José Luis Merino como presunto actor del esquema de corrupción

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Tareck El-Aissami, vicepresidente de Venezuela, ha sido vinculado al tráfico internacional de drogas por Estados Unidos. En la imagen, ríe junto a Nicolás Maduro. Foto/ AFp

Por Ricardo Avelar

2017-06-28 9:00:48

Desde hace un tiempo, los ojos de los principales círculos políticos y académicos de Estados Unidos se han vuelto a posicionar en América Latina y el riesgo que para ese país supone una región con pobre institucionalidad, gran penetración de estructuras de tráfico de ilícitos y con altos niveles de violencia.

Una de las instituciones que ha prestado atención al tema es el American Enterprise Institute (AEI), que en su más reciente reporte, publicado a inicios de esta semana y titulado “Capos y corrupción: atacando el crimen organizado transnacional en las Américas”, hizo un diagnóstico de la solidez institucional, las amenazas para la región y el rol que Estados Unidos debería asumir ante esta situación.

Uno de los apartados más destacados del informe hace referencia a una “criminalización” de las estructuras estatales en el continente. De hecho, uno de los fragmentos más lapidarios indica que “la corrupción gubernamental juega un papel clave en el crimen organizado transnacional en el hemisferio”.

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A juicio del AEI, un Estado criminal se alcanza cuando el más alto liderazgo en un país está consciente de la utilización del aparato público para beneficio del crimen organizado y se vuelve cómplice del mismo, ya sea por medio de una cooperación activa o guardando silencio.

Sin embargo, el tanque de pensamiento hace una distinción entre estados que buscan batallar contra estas organizaciones ilícitas y aquellos que colaboran con las mismas.

El caso de Venezuela

El informe, elaborado por reconocidos académicos del AEI y otros institutos de peso, señala a Venezuela como el ejemplo más claro de un Estado criminalizado en la región.

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“El gobierno (de Nicolás Maduro) activamente apoya a grupos criminales transnacionales como narcotraficantes mexicanos e incluso grupos terroristas como Hezbollah. Quizá la evidencia más clara de Venezuela como un Estado criminalizado son sus vínculos operativos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC)”, menciona el documento.

Asimismo, afirma que bajo la administración de Maduro y su antecesor, Hugo Chávez, Venezuela se volvió un área de operación clave para las FARC y un punto importante de tráfico de drogas producidas en Colombia. “Estos bienes ilícitos han sido traficados a través del territorio venezolano, usualmente con la complicidad o el involucramiento directo del ejército de ese país”, añade el AEI.

Sin embargo, aclara que esta colaboración con las FARC es solo una parte de lo que vincula al régimen venezolano con el crimen organizado. Además, indica, hay una red consolidada de operaciones criminales en conjunto con gobiernos extranjeros, para las cuales utilizan mecanismos diplomáticos que en apariencia son inofensivos.

Presuntos vínculos con El Salvador

Según “Capos y Corrupción”, otro vehículo utilizado por Venezuela para expandir su influencia y su red criminal ha sido la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Bajo la figura de cooperación internacional energética, apunta AEI, Venezuela estableció una esfera de influencia y una red gigantesca de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y corrupción política, entre otras actividades criminales.

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Concretamente, el informe destaca que los conglomerados de empresas mixtas Alba, en El Salvador, y ALBANISA en Nicaragua, son ejemplos de esa práctica. “Fundadas inicialmente para vender petróleo subsidiado y aportar al desarrollo de la educación, la salud y otros bienes sociales (…) estas empresas se han alejado de este objetivo estratégico”, y se han vuelto herramientas de corrupción, como el financiamiento ilícito de campañas electorales, indica.

“Ramiro Vásquez”

De acuerdo a la investigación del American Enterprise Institute, el arquitecto de esta vinculación entre PDVSA y los gobiernos de Nicaragua y El Salvador es el dirigente del FMLN y actual viceministro de Inversión y Financiamiento Externo, José Luis Merino.

José Luis Merino, dirigente del FMLN. Foto de Archivo.

El informe vincula a Merino, o “Ramiro Vásquez”, en referencia a su nombre como combatiente de la otrora guerrilla salvadoreña, con una presunta red de oficiales de gobierno y grupos criminales en Venezuela, Colombia y otros países, la cual sostienen que data de los tiempos del conflicto armado, cuando participó en secuestros de alto nivel y se vinculó a grupos como las FARC.

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Además, hacen referencia al hallazgo, en 2008, de la computadora del líder de las FARC Raúl Reyes, en la que aparece el nombre de Merino como un nexo de esta guerrilla. Desde entonces, ha sido vinculado con presunto tráfico de armas y lavado de dinero. De hecho, el fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez, confirmó esta semana que hay un expediente abierto por estos presuntos crímenes desde 2014 y que pedirá colaboración a la justicia colombiana para esclarecer el caso.

Catorce influyentes congresistas de Estados Unidos pidieron al Departamento del Tesoro de este país investigar las finanzas de Merino por sus presuntos nexos con organizaciones criminales.

Una semana después de esta solicitud, en el informe de AEI se destaca la preocupación de Estados Unidos por que Merino, un hombre de alta influencia en el gobierno actual y el partido oficialista, esté presuntamente ligado a grupos ilícitos y que se pueda aprovechar su participación pública para incrementar redes criminales y que estas, a su vez, puedan financiar al partido de gobierno.

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AEI lamenta que el cargo de viceministro que ocupa actualmente Merino le confiera una protección ante la ley. Sin embargo, importantes funcionarios de gobierno como el canciller Hugo Martínez y Eugenio Chicas, vocero presidencial, han defendido a Merino y justificaron su cargo, además sostienen que este no tiene ningún expediente abierto en El Salvador pese a lo declarado por el Fiscal.

Por su parte, la embajadora de Estados Unidos en el país, Jean Manes, pidió tomar en serio a los congresistas que piden investigar a Merino.

Posibles soluciones para El Salvador

Para reducir la penetración del crimen organizado en los estados de la región, los académicos y consultores a cargo del informe pidieron a Estados Unidos acompañar los ministerios públicos, tanto en financiamiento como en fortalecimiento de la capacidad investigativa, a fin de desarticular redes de corrupción y lavado de dinero.

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Asimismo, sugieren que El Salvador considere una entidad independiente que combata la corrupción y la impunidad, al estilo de la CICIG en Guatemala o la MACCIH en Honduras.


Otros puntos clave del informe:
Es necesaria una respuesta adecuada de los estados

Según AEI, los estados del continente americano tienen que asumir las políticas públicas necesarias combatir efectivamente a estos grupos de crimen organizado internacional, además de las estructuras de corrupción, las pandillas que hacen perder el control territorial del Estado e incluyen a grupos terroristas como Hezbollah.
Además, llaman a investigar a aquellos estados que dentro de sus estructuras permiten que estos grupos se fortalezcan, y resaltan como ejemplo al gobierno de Nicolás Maduro.

Piden un rol más activo del gobierno de Donald Trump

El gobierno de los Estados Unidos, a juicio del tanque de pensamiento, debería involucrarse con sus aliados regionales para restaurar una coalición hemisférica contra el crimen organizado. AEI afirma que la administración Trump debería liderar la iniciativa, aplicando herramientas “asimétricas”, como sanciones dirigidas a quienes cooperen o estén involucrados en estos grupos. Además llaman a que EE. UU. coopere con el fortalecimiento institucional de los países latinoamericanos y contra el terrorismo regional.

Destacan el impacto creciente de las pandillas

El diagnóstico de seguridad y crimen organizado del American Enterprise Institute incluye a las pandillas como la MS-13 como uno de los grupos de crimen organizado que hay que combatir con mayor precisión.
Según ellos, la crueldad, resistencia y adaptabilidad de las pandillas las vuelven una amenaza que desestabiliza a los gobiernos de la región. Además, señalan que estos grupos están diversificando sus actividades criminales que ahora incluyen tráfico de drogas, armas y personas.

La peligrosa influencia del crimen organizado

Según el American Enterprise Institute, los grupos dedicados al crimen organizado internacional están vinculados a la mayoría de las amenazas significativas a la institucionalidad y seguridad de los países del hemisferio. Estas organizaciones, señala, degradan sistemáticamente las instituciones democráticas y el Estado de Derecho e impactan negativamente el crecimiento económico, deprimiendo el comercio y la inversión. Esto, a su vez, genera un círculo vicioso que prolonga la violencia en la región, indican.