Uno de los supuestos pandilleros muertos en un tiroteo la tarde del sábado con policías elites en las afueras de Quezaltepeque era reclamado por la justicia por su participación en la masacre de 11 trabajadores ocurrida el 3 de marzo del año pasado, según informó la Fiscalía General.
El enfrentamiento entre policías y pandilleros de la mara 18 se registró en el cantón Primavera del referido municipio, en La Libertad.}
En el tiroteo murieron Douglas Ernesto Ramírez Villanueva y José Luis Polanco Escalante; a quienes la Policía los señala de ser pandilleros de la mara 18.
La Fiscalía General confirmó en su cuenta de Twitter que “uno de los fallecidos en Quezaltepeque era prófugo del caso masacre de Opico”.
Polanco Escalante era prófugo de la justicia por la masacre. La Policía lo había incluido en el listado de los 100 más buscados.
En las investigaciones policiales y fiscales, Polanco aparece como el cabecilla que dirigió una reunión una noche antes de la masacre en la zona de El Playón, Quezaltepeque.
En las investigaciones policiales indican que Polanco Escalante en esa reunión había girado órdenes de salir y atacar a pandilleros contrarios en el sector de Opico, sin embargo, a quienes atacaron fueron a los empleados de la empresa de electricidad que colocaban postes de energía y a dos jornaleros, quienes alimentaban a semovientes en la zona.
El cantón Primavera, Abajo y Arriba, son sectores de alta persistencia de pandilleros de la 18, las investigaciones de inteligencia indican que en esa zona funcionan varias casas destroyer que usan los pandilleros para refugiarse y esconderse.
El cantón Primavera, en Quezaltepeque, colinda con varias colonias de ese municipio, además con el sector de El Playón, el Jabalí, Chanmico y San Juan Opico, entre otros.
390 años de cárcel para pandilleros
Un juez Especializado de Sentencia impuso el 24 de mayo pasado 390 años de cárcel a cada imputado ligado a masacre de San Juan Opico, donde asesinaron a 11 trabajadores, entre ellos jornaleros y empleados de una empresa de cableado.
Los nueve miembros de la pandilla 18 han sido condenados a 35 años de cárcel por cada homicidio y cinco más por agrupaciones ilícitas.
La legislación actual determina que la pena máxima son 60 años de cárcel, pero por un tecnicismo el juez les impuso 35 por cada víctima. Esto implica que cada condenado debe cumplir 40 años en prisión: 35 como pena por los homicidios y 5 por agrupaciones ilícitas.
Uno de los imputados aceptó en el juicio de que habían matado por equivocación a los trabajadores, pues los ahora convictos buscaban a pandilleros rivales.
El juez valoró bien la seña, la frialdad y el dolor que las víctimas sufrieron al ser atacados por estos sujetos: unos fueron ultimados con machetes mientras otros con arma de fuego.