El magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Florentín Meléndez aseguró este viernes que ponerle reserva general a los casos que lleva la Sección de Probidad puede violentar el “legítimo derecho” del pueblo salvadoreño de estar informado sobre lo que hacen los funcionarios públicos.
“No consideramos que sea apropiado generalizar, absolutizar, cerrar las puertas con una reserva general. Creo que eso violenta también la Constitución de la República”, dijo Meléndez, y agregó que también “violenta el legítimo interés del pueblo de estar informado sobre lo que hacemos los funcionarios, que nos paga el pueblo para que trabajemos por sus intereses”.
Meléndez explicó que de la Constitución las disposiciones de la Constitución no se pueden interpretar de manera aislada con el resto y en ese sentido, sostiene que “tiene que haber una armonía, un equilibrio, cuando uno interpreta una disposición constitucional con otra”.
Explicó que el artículo 240 de la Constitución regula los procedimientos a seguir por los funcionarios públicos para presentar sus declaraciones patrimoniales a la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y donde se plantea que los procedimientos de Probidad son reservados.
No obstante, Meléndez sostuvo que los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional coincidieron en que esa disposición constitucional debe de interpretarse en consonancia con el artículo seis de la Carta Magna “que reconoce el derecho al acceso a la información de la población. El pueblo salvadoreño tiene derecho a estar informado y qué es lo que pasa con sus funcionarios públicos”.
Meléndez y los otros cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional votaron en contra de que se decrete reserva total a los casos que investiga la Sección de Probidad con respecto al patrimonio de los funcionarios públicos.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró el martes como “reservados” los informes de las investigaciones de presuntos actos de corrupción de funcionarios y exfuncionarios, a cargo de la Sección de Probidad del máximo tribunal.
Tras una votación que estuvo dividida por un bloque de siete magistrados -incluyendo a los de la Sala de lo Constitucional- que abogaron por hacer públicos los datos por transparencia y ocho que insistieron en mantenerlos en secreto, para proteger el honor de las personas investigadas, se acordó ponerle candado a las investigaciones de Probidad.
En otra temática, Meléndez dijo que el proceso de inconstitucionalidad del Sitrams podría demorarse más de lo debido, a raíz de que los magistrados suplentes aún no deciden si separan a cuatro magistrados constitucionalistas que han pedido que sean recusados del caso.