En la resolución escrita que emitió el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador tras el juicio contra Daniel “El Gordo” Quezada y otras cinco personas que formaban la estructura dedicada al lavado de dinero, no se pronunció sobre el decomiso de bienes a los convictos.
Además, los absolvió de responsabilidad por los gastos en que lo que se debió incurrir en el proceso judicial (costas procesales) “por correr estas por cuenta del Estado”.
“(El juzgado) omite pronunciarse respecto al decomiso de bienes en virtud de que la Unidad Especializada de Extinción de Dominio ha iniciado una acción en contra de estas personas”, reprochó Jorge Cortez, Jefe de la Unidad de investigación Financiera de la Fiscalía General.
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El 15 de junio -día en que el tribunal notificó su fallo por escrito al Ministerio Público- un grupo de fiscales de la Unidad Especializada de Extinción de Dominio llevó a cabo un operativo para confiscar 10 propiedades de Misael Herrera López, presta nombres de “El Gordo Quezada” y otros integrantes de la estructura.
El procedimiento fue llevado a cabo en coordinación con el Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONNAB) y la División de Delitos Financieros de la Policía Nacional Civil.
Los inmuebles están en el valle de Zapotitán, en La Libertad. La mayoría de terrenos, informaron las autoridades, habían sido arrendados para el cultivo de granos básicos, verduras y hortalizas.
Otros eran utilizados para la crianza de cerdos y unos más estaban abandonados.
El procedimiento de ese día fue la continuación de las diligencias que iniciaron el 5 de junio pasado, en el proceso de extinción de dominio de 25 bienes de Quezada.
Los inmuebles que pasarían a manos del Estado están valorados en más de 3 millones de dólares y están situados en La Unión, San Miguel y La Libertad.
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Una de las propiedades que fueron decomisadas en esa ocasión es el hotel Playas Negras, en la playa El Tamarindo, en Conchagua, La Unión.
También fueron decomisadas tres residencias en San Miguel, en las colonias Altos del Río, Ciudad Pacífica y Milagro de la Paz.
En La Libertad, las autoridades confiscaron 20 inmuebles, entre ellos un establo situado en el cantón el Flor Amarilla.
Además de las propiedades, se incautados dos vehículos y congelaron cuentas bancarias con 20 mil dólares a nombre de Daniel Quezada, su esposa y Herrera López.
La Fiscalía ha determinado que las propiedades embargadas fueron obtenidas con dinero producto del narcotráfico y fueron destinadas para cometer actividades ilícitas.