Daniel “El Gordo” Quezada Fernández, transportista, dueño de un hotel de playa en La Unión y acusado de ser uno de los cabecillas de la banda de narcotraficantes Los Perrones puede considerarse un convicto con suerte.
En marzo 2011, fue condenado por el Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel a tres años de cárcel por posesión y tenencia de drogas, pero lo absolvió por el delito de tráfico ilícito, el cual se castiga hasta con 20 años de reclusión.
El juez Enrique Alberto Beltrán (quien en febrero pasado fue condenado a 19 años de cárcel por favorecer con sus fallos a varios delincuentes a cambio de dádivas) lo sentenció a una pena menor que luego fue reemplazada por trabajos de utilidad pública.
Foto EDH/ Archivo
En diciembre de 2015, el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador lo condenó a él y a su esposa, Gloria Argentina Medrano Quezada, a cinco años de prisión por lavado de dinero, por un monto superior a 3 los millones dólares.
Tras emitir el fallo verbal, cuando terminó el juicio, el referido tribunal tenía 10 días para entregar la sentencia por escrito, como lo establece el Código Procesal Penal. Sin embargo, lo hizo hasta el jueves 15 de junio, 18 meses después de vencido el plazo.
Mientras no entregara este documento, la sentencia no podía quedar en firme, ya que ni el Ministerio Público ni la defensa podían apelar ante una Cámara en un plazo de 10 días, como señala la ley.
Por ello, Quezada (quien fue arrestado en 2013 y salió libre durante el proceso tras haber pasado 24 meses en prisión provisional sin que se definiera su futuro legal) únicamente se ha tenido que estar presentando periódicamente a firmar al Juzgado.
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“¿Por qué razón (el tribunal) emite hasta este momento? Eso ha permitido que el condenado goce de libertad por 18 meses sin que se le impongan las medidas respectivas a las que se hizo acreedor en el momento de dictar la sentencia en el 2015”, reclamó Jorge Cortez, jefe de la Unidad de Investigación Financiera del Ministerio Público, tras recibir la notificación.
Junto con los esposos Quezada fueron sentenciados sus colaboradores Luis Silverio Mata Márquez y Misael Herrera López a tres años y cuatro meses de cárcel por complicidad necesaria en el delito de lavado de dinero.
Además, a Héctor Leonel Caballero y Gerson Esaú Martínez Reyes fueron hallados culpables de ser coautores del delito de encubrimiento y ordenó para ellos una pena de dos años y seis meses de prisión, pero el juez les reemplazó la pena por 120 jornadas de trabajo de utilidad pública.
Los condenados no pasarán automáticamente a prisión formal, pues si la Fiscalía y la defensa impugnan la resolución, el caso debe ser conocido por un tribunal superior para que quede firme la sentencia y el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria pueda ejecutar la pena impuesta, explicó Cortez.
Si no se apela la decisión, la sentencia queda en firme y el Juzgado de Sentencia debe informar al de Vigilancia Penitenciaria que haga cumplir el veredicto. Para eso deberá hacer un cómputo del tiempo que Quezada estuvo en prisión y determinar si debe o no cumplir lo que resta de la condena en la cárcel.
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“Quezada fue puesto en libertad porque se superó los dos años de prisión provisional que determina la ley. A los cinco años (a los que fue condenado) hay que restar los dos años que pasó en la cárcel para darle continuidad a la sentencia”, dijo Cortez.
Juzgado lo sentenció a la pena mínima
El atraso en la entrega de la resolución por escrito no es el única inconformidad que tiene la Fiscalía General contra el Tribunal Cuarto de Sentencia. También le critica haber impuesto a Quezada la pena mínima por el delito de lavado de dinero, el cual se castiga con entre cinco y 15 años de cárcel.
El fiscal Jorge Cortez manifestó que durante el juicio contra Quezada y sus cómplices se pudo demostrar que sí cometieron los delitos que se les atribuyó.
“Bajo nuestro criterio, sí se cumplieron los delitos de lavado de dinero, se identificaron operaciones inusuales; demostramos que obtuvieron dinero de manera ilícita y luego lo ingresaron al ciclo de lavado de dinero para obtener los bienes… Son elementos que debió considerar el juzgado para dar una sentencia mayor a la que se le ha impuesto”, expresó Cortez.
De acuerdo a las investigaciones, Quezada era el cabecilla de una red transnacional de lavado de dinero que operaba en la zona oriental del país y creó una estructura formada por familiares y amistades cercanas.
Además de las personas que fueron condenadas junto con “El Gordo” Quezada, estaban implicados Daniel Quezada Medrano (su hijo), Armando Quezada Fernández (su hermano) y José Raúl Ramírez Gavidia.
Los tres están prófugos y contra el último hay una orden de difusión roja de la Policía Internacional (Interpol).
El propósito que tenía la banda delictiva era lavar 3 millones de dólares provenientes del narcotráfico, introducirlos al sistema financiero salvadoreño e invertirlos en la compra de numerosas propiedades y vehículos. Esta es una práctica a la que recurren las estructuras criminales para lavar dinero y eludir los controles de las autoridades.
Las pesquisas contra Quezada y su estructura iniciaron en 2010, cuando las autoridades detectaron movimientos sospechosos de elevadas sumas de dinero, las cuales eran realizadas por los implicados en el sistema bancario.
Tres años después, en diciembre 2013, Quezada y su cónyuge fuero aprehendidos en su vivienda, situada en una residencial de Santa Tecla, La Libertad, luego de que la Fiscalía descubriera irregularidades financieras de sus “negocios”.
Durante el procedimiento, le incautaron $21,000 en efectivo, cantidad de la que no justificó su procedencia.
La primera vez que fue arrestado, en abril de 2009, el Ministerio Público lo acusó de ser propietario del hotel Playas Negras, en la playa El Tamarindo, en el municipio de Conchagua, La Unión.
En ese lugar, según las investigaciones, él recibía cargamentos de droga provenientes de Nicaragua que luego eran llevados a una hacienda del valle de Zapotitán, en La Libertad, donde se los entregaba a narcotraficantes guatemaltecos que se los llevaban en camiones a su país.
En 2011, fue condenado a junto con otras 11 personas, entre ellas tres policías que colaboraban con la estructura dando vigilancia cada vez que llegaba a las costas salvadoreñas el cargamento de droga.