Cuestionada empresa de alumbrado fue contratada por cuatro alcaldías

La empresa está en la mira de la Fiscalía. El 10 de octubre de 2016, AGM fue allanada.

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Foto/ Menly Cortez

Por Rafael Mendoza López

2017-06-19 10:00:05

Apopa no es la única municipalidad que ha hecho negocios con la empresa AGM El Salvador, S.A. de C.V. para proveer el suministro de alumbrado eléctrico. San Salvador y Santa Tecla también lo hicieron, y de la misma forma que en Apopa, la empresa presentó inconsistencias en el proceso de contratación.

En Usulután, no obstante, la empresa ha publicado en su página web que colocó en 2014 un total de 2,643 luminarias en la cabecera de dicho departamento, pero la municipalidad, que en ese momento estaba comandada por el pecenista Francisco Meardi, no ha señalado si hubo inconsistencias en el contrato, el cual fue de $1.6 millones.

Un mes después de que contratara con la comuna de Apopa, en noviembre de 2014, AGM El Salvador hizo negocios con la comuna de Santa Tecla, bajo la administración del exalcalde Óscar Ortiz.

El contrato, por $22 millones a un plazo de 20 años y también a través del consorcio AGM Desarrollos, de origen colombiano, está en proceso de ser cancelado por el nuevo alcalde tecleño, Roberto d’Aubuisson, debido a las inconsistencias que percibieron en el mismo, según confirmaron miembros del equipo de comunicaciones.

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De la misma forma, en 2015, la empresa ofertó los servicios en la alcaldía de San Salvador, a los pocos meses de que Nayib Bukele asumiera las riendas de la municipalidad. En la capital el contrato también sigue vigente.

En este caso el contrato firmado a finales de 2015 es por $24 millones también por un plazo de 20 años. El servicio ofrecido por la compañía es instalar lámparas de sistema Led en sustitución de las de mercurio, supuestamente para traer más ahorro a los municipios.

Pero en el caso de Santa Tecla, la prestación de este servicio fue un dolor de cabeza, de acuerdo con las autoridades de la comuna.

Estas inconsistencias llevaron a la municipalidad a cobrar la fianza por incumplimiento de contrato con la empresa, por un monto de $111 mil, según confirmó en su momento el edil tecleño, argumentando que el contrato realizado por la municipalidad en 2014 fue “a la carrera y desordenado”.

Incluso, el Isdem (Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal) prohibió a la comuna tecleña, durante la administración interina de Carlos Palma, que utilizara fondos del Fodes para el pago del servicio de alumbrado, ya que se trata del pago de una concesión, no de un préstamo, según argumentó el Instituto.

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En cuanto a la comuna de San Salvador, los concejales del partido ARENA se negaron a dar sus votos para que se celebrara el contrato con AGM El Salvador, argumentando que el mismo se había “hecho a la medida” para favorecer a la empresa.

El concejal tricolor, Edwin Zamora, sostuvo que el contrato se estaba manejando como contratación de servicios y no como concesión. Criticó, además, que la votación para el contrato no se dio por mayoría califica (las tres cuartas partes del concejo).

A los casos de Santa Tecla y San Salvador se suma el de Apopa, que está pagando a la empresa $80 mil mensuales por un servicio de alumbrado concesionado a 20 años, el cual tiene varias irregularidades, entre ellas que se adjudicó el servicio cuando la empresa aún no estaba inscrita en el Registro de Comercio.

Asimismo, la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI) de la alcaldía modificó las bases de competición, en apariencia para beneficiar a la compañía, de acuerdo con documentos de la alcaldía y abogados a los que consultó El Diario de Hoy.

En tanto, el jurídico de la comuna de Apopa, José Antonio Roque Viana, confirmó a El Diario de Hoy que hay inconsistencias en la contratación para el alumbrado en Apopa, pero afirmó rotundamente que la alcaldía no va a dejar sin efecto el contrato hasta que la Fiscalía no se pronuncie al respecto.

La contratación se hizo durante la administración del alcalde Elías Hernández, que ahora está siendo procesado por varios delitos.

AGM Desarrollos, el consorcio bajo el cual se formó la empresa concesionaria AGM El Salvador nació en 2012 con un capital de $2,000. Ésta última, en tanto, se inscribió el 1 de octubre de 2014, dos días después de que se firmara el contrato.

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Su giro comercial, de acuerdo con los documentos inscritos en el Centro Nacional de Registros (CNR) es de construcciones civiles y mantenimiento de líneas eléctricas, entre otros. Lo curioso es que AGM El Salvador tiene la misma razón comercial que el consorcio AGM Desarrollos; la única diferencia entre ambos es que la primera se cataloga también como “administrador de concesiones públicas adjudicadas por el Estado”.

FGR investiga contratos

La empresa AGM El Salvador está en la mira de la Fiscalía General de la República (FGR). El 10 de octubre de 2016, la Fiscalía allanó la empresa y otras cuatro oficinas ligadas a la misma, con relación a las inconsistencias detectadas en Apopa, San Salvador y Santa Tecla.

Los inmuebles registrados fueron dos en Apopa y otra en San Salvador, y son en los que la compañía había señalado que funcionaban sus oficinas.

Determinó, además, que los montos de los tres contratos, en general, asciende a $149.6 millones, y coinciden con el mismo plazo de 20 años.

Según explicó el Ministerio Público, por medio de su oficina de comunicaciones, la investigación por los tres casos aún está en curso.

Se dijo que las distintas unidades que llevan los casos están a la espera de que instituciones relacionadas envíen documentación que les fue solicitada para agregarla a las indagaciones.

El Diario de Hoy buscó ayer la dirección que la oficina de la empresa dio en el contrato para notificaciones, pero la misma no existe.

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De la misma forma, se buscó a representantes de la empresa en las instalaciones donde esta funciona, en la Colonia Escalón; una persona identificada como Lourdes Arévalo sostuvo que no estaba la persona indicada para dar declaraciones, y aseguró que luego se comunicaría con este Diario una persona autorizada para hablar del tema.

También se llamó a los celulares de la abogada de la compañía y a Julio Campos, identificado como asesor de Danilo Arévalo, representante legal de AGM El Salvador, pero no contestaron las llamadas.