Frente a los problemas de mala gestión de recursos públicos que enfrenta el país, la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), busca establecer, con apoyo técnico de la Universidad de Salamanca, España, la cátedra de Derecho Administrativo.
Alejandro Arturo Solano Ghiorsi, director legal de la ASI, explicó que han empezado a tomar contacto con algunos centros de enseñanza superior locales, entre ellos la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN), con el objetivo de firmar un convenio que permita abrir ese nuevo espacio académico.
Solano Ghiorsi señala que con esta iniciativa se busca ayudar a que las personas que aspiran o ya tienen cargos públicos, tengan el mínimo criterio en el manejo de la cosa pública.
Según explica el director legal de la ASI, en la actualidad “el funcionario llega a la cosa pública sin tener la menor idea de cómo se manejan los fondos del Estado. Usted ha podido percatarse estos días que ha habido una cantidad de situación que involucran a funcionarios con el mal uso de los fondos públicos”.
Él también cita el ejemplo de como algunos funcionarios, que han llegado a sus cargos por la elección popular o nombrados y juramentados por la Asamblea Legislativa, asumen que no tienen obligación de presentar de declaración de bienes, cuando realmente sí la tienen.
Solano expuso que la apertura de esta cátedra se dará en el marco de una alianza que el presidente de la gremial empresarial, Javier Simán, ha concretado con la Universidad de Salamanca, la cual precisamente permitirá contar con la colaboración de profesores de esta prestigiosa institución de enseñanza.
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En ese contexto, el doctor Pedro Tomás Nevado-Batalla Moreno, profesor titular de Derecho Administrativo, de la Universidad de Salamanca, será encargado de asesorar en este campo.
Nevado-Batalla Moreno, nacido en Cáceres, España, sostiene que se ha avanzado bastante con este proyecto, en el que tampoco se ha descartado que sea la propia ASI, a través de su centro de capacitación la que imparta conocimientos sobre Derecho Administrativo.
“La idea es crear aquí un centro de reflexión, de estudio y sobre todo de capacitación, enfocado en cualquier operador público o privado que esté interesado en la gestión pública, particularmente el personal público”, afirmó el catedrático, que con anterioridad ha ejercido cargos públicos.
De acuerdo con este connotado abogado, el Derecho Administrativo es clave porque regula y condiciona el ejercicio del poder, de tal manera que no se puedan cometer arbitrariedades, desviación de poder, doblegamientos de derecho.
El especialista español, quien además ostenta el título de Experto en Defensa Nacional, otorgado por la Universidad Rey Juan Carlos, precisa que la función de gobierno, la función política y la adopción de decisiones políticas, por parte de los titulares de instituciones públicas, debe estar sujeta a una serie de formalidades, de garantías y de protocolos que hacen que tal decisión, aún siendo política, sea la mejor para el interés general, de los ciudadanos.
“En principio, lo mejor para el interés general es cuando no hay arbitrariedades, no hay desviaciones de poder, no hay conculcación de derecho (o quebranto de una ley), sino que hay sostenibilidad económica de las decisiones, hay eficiencia y eficacia…”, cita.
El doctor Nevado-Batalla Moreno explica que en la actualidad el problema de la corrupción no es solo de América Latina y “hay muy pocos países que pueden exhibir con orgullo que no tienen problemas de corrupción y de malas prácticas”.
El profesor de la Universidad de Salamanca afirma que lo que “hay que evitar es que la persona que democráticamente accede a un cargo publico se levante por la mañana con una ocurrencia. En general las ocurrencias acaban mal para los ciudadanos, porque supone gastar dinero público en algo que no va a dejar ningún tipo de beneficio, y si hace esa ocurrencia que sepa que hay procedimientos administrativos, estudio de viabilidad económica a largo plazo, de rendimiento social de esa inversión que seguir”.
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Para el abogado tanto las decisiones erróneas, como la corrupción causan frustración en los ciudadanos, y en aquellas naciones con desarrollo deficitario también disminuyen más las oportunidades de desarrollo, de igualdad y, en definitiva, de justicia social.