En secreto. Así parece que envió el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, una petición a la Asamblea Legislativa el lunes pasado, para que le aprueben elevar el 45 % al 50 % el techo de disponibilidad que las AFP tienen para prestarle dinero del ahorro de los trabajadores para pensionarse.
Lo anterior fue confirmado por el presidente de la Asamblea, Guillermo Gallegos, quien explicó que como partido GANA no están de acuerdo con esa moción del gobierno.
Para el diputado de ARENA, René Portillo Cuadra, la petición del Ejecutivo es “una estafa legalizada”, similar a la que el resto de partidos aprobaron el año pasado mediante una reforma a la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) y que fue suspendida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mientras estudia una demanda.
En septiembre de 2016, la Asamblea aprobó con 46 votos del FMLN, GANA, PCN y PDC , una reforma al FOP que le permitía echar mano de los ahorros de los trabajadores para pensionarse y pagar la deuda que tiene con ellos de sus mismos ahorros, a través de los Certificados de Inversión Previsional (CIP).
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Cabe destacar que el Gobierno ya usa unos $400 millones anuales de estos fondos para pagar las pensiones del antiguo sistema de reparto, que se quedó sin reservas para pagar a los jubilados desde 2004.
La misiva del gobierno llega en momentos en que se acerca a finales de julio otro vencimiento del pago de pensiones del ISSS y del INPEP y que el límite que tienen las AFP para prestarle al gobierno está por caducar.
La solicitud para obtener más fondos del ahorro de los trabajadores contrasta con la afirmación del titular de Hacienda, quien el uno de junio pasado informó que gracias a la recaudación tributaria el gobierno podrá honrar el pago de pensiones que se avecina.
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Pese a esto, dijo que no desistirán de pedir a la Asamblea que les aprueben $600 millones más en emisión de bonos, porque ese dinero no es para pagar pensiones, sino para cancelar deuda de los bancos.
La pieza de correspondencia no se conoció de manera pública, pero este periódico tuvo conocimiento ayer, después de que los diputados salieron de una encerrona que tuvieron fuera de la Asamblea para discutir las propuestas de reformas a las pensiones.
Portillo Cuadra es de la opinión que si se aprueba esta petición del gobierno se estaría violando la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó que en vez de subir el porcentaje de utilización de las cotizaciones de las AFP, debe bajarse ese porcentaje en menos del 40 %.
“Deben estar invertidos con una rentabilidad que les permita solidez financiera en el presente y en el futuro”, aseveró Portillo Cuadra.
Esto, a raíz de que el gobierno paga un interés más bajo por los CIP que los que paga en el mercado internacional. Actualmente y tras un fallo de la Sala de lo Constitucional de 2014, el gobierno pasó de pagar el 1.3 % de interés al 2.5 % a los cotizantes.
En cambio, en el extranjero el poco margen que les queda para colocar los CIP, las AFP cobran por ellos hasta el 9 % de interés.
Debido a esto, Portillo Cuadra afirma que la petición del gobierno perjudica a los cotizantes de las AFP en sus ahorros para pensionarse.
“Con esa pretensión de reforma, ya no tendría sentido una discusión de la reforma de pensiones, prácticamente estarían dirigiendo y cogobernando la mayor cantidad de pensiones, es una forma de sistema mixto disfrazado”, valoró Portillo Cuadra.
Un mecanismo “mixto” en el que el Estado administre la mayor parte de los fondos de pensiones, es el que el gobierno pretende con su propuesta, que ayer fue analizada junto a las otras presentadas por la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones (ICP), GANA y una por los sindicatos que es similar a la del gobierno.
Los diputados de la Comisión de Hacienda quedaron de seguir el estudio la próxima semana, fecha en que también evaluarán las observaciones a las propuestas que el Banco Mundial les hará llegar.
