El presidente Salvador Sánchez Cerén deberá abstenerse de nombrar al comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) de la terna presentada por la Comisión Especial del Ministerio de Economía (MINEC). Así lo estableció ayer la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), luego de admitir un amparo presentado por el ciudadano Boris Solórzano.
Solórzano, quien era candidato al Instituto propuesto por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), argumentó que el reglamento para la elección de las ternas de los comisionados del IAIP ha sido reformado por el gobierno y ha dificultado la participación de las gremiales empresariales en ese proceso.
La petición del abogado, respaldada por la ANEP, fue presentada el pasado 15 de mayo. En la misma se argumentaba que el MINEC, encargado de escoger las ternas, incluyó a cooperativas, algo que para los peticionarios viola el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública.
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“El Ministerio de Economía hizo algo que solo la Asamblea Legislativa puede hacer. Si los diputados deciden incluir a otros sectores, pues entonces está bien. Ya no es constitucional”, sostuvo Javier Argueta, abogado de la gremial empresarial.
Dicha normativa indica que las ternas para elegir a los comisionados deberán surgir a propuesta de cinco sectores, entre ellos el de asociaciones empresariales.
De acuerdo con la Sala, el recurso fue aceptado en vista de que en el argumento de fondo presentado por el demandante se puede determinar que hubo una “presunta vulneración de su derecho a la seguridad jurídica -relacionado con el principio de legalidad- y su derecho a optar a un cargo público”.
Al final, fue nombrado Andrés Rodríguez, de la Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña (CONFRAS), una cooperativa afín al partido de gobierno, de acuerdo con Argueta, quien reiteró los señalamientos de la Sala: “Aquí puede haber una violación al derecho de optar a un cargo público, porque se ha alterado el procedimiento que manda la ley”, explicó el abogado.
Para Argueta, el gobierno utilizó al MINEC para incluir en el reglamento de la LAIP el ingreso de otros actores. “Se está vulnerando el principio de ley. No se pueden alterar los fines que la ley ha señalado”, agregó.
Por otra parte, Argueta recomendó al MINEC que no espere a que la Sala de lo Constitucional emita una sentencia definitiva, sino que proceda a realizar nuevamente la selección de las ternas.
Aseguró que además de buscar desplazar a las asociaciones empresariales, se está poniendo en peligro la verdadera independencia del Instituto de Información, que hasta la fecha ha dado muestras de independencia.
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A juicio del abogado de ANEP, es preocupante algunos casos donde la Presidencia ha estado renuente a entregar información, como la de los viajes y la “partida secreta” de los presidentes.
Otro de los aspectos que ha considerado la Sala y que fue denunciado por la ANEP y Solórzano es que el Gobierno ha eliminado en el reglamento la posibilidad de que las gremiales puedan votar mediante un apoderado, pues se ha establecido que es prohibida “intermediación alguna”.
Esto implica, para la Sala de lo Constitucional, “agregar un obstáculo que no está contemplado en la LAIP”.
El mismo IAIP ha señalado en varias ocasiones que la facultad para dictar los reglamentos de aplicación y ejecución de la LAIP debe ser ese Instituto.
El año pasado, un grupo de abogados presentó ante la Sala de lo Constitucional una demanda para que se le quite la potestad al presidente de la República de elaborar y modificar los reglamentos de la Ley de Información.