Las autoridades iniciaron ayer el proceso de extinción de dominio de 25 bienes de Daniel Quezada Fernández, alias el Gordo Quezada, condenado junto a su esposa Gloria Argentina Medina a cinco años de prisión por el delito de lavado de dinero y activos.
Los imputados fueron condenados por el Juzgado Antimafia de Sentencia de San Miguel y el Cuarto de Sentencia de San Salvador.
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Los inmuebles que pasarían a manos del Estado están valorados en más de tres millones de dólares y se localizan en La Libertad, San Miguel y La Unión.
Una de las propiedades que ayer le fueron embargadas fue un hotel situado en playas Negras, Intipucá, La Unión.
En cantón el Flor Amarilla, La Libertad, las autoridades procedieron a la confiscación de un establo.
El operativo lo realizó la Unidad de Extinción de Dominio del Ministerio Público. Foto/ Twitter @FGR_SV
El procedimiento fue realizado por la unidad especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía General en coordinación con el Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONNAB) y la División de Delitos Financieros de la Policía Nacional Civil.
Además de los inmuebles le fueron congeladas dos cuentas bancarias con 20 mil dólares a nombre de Daniel Quezada, su esposa y su hermano Misael Herrera López, así como dos vehículos.
Uno de los fundamentos para proceder al congelamiento de bienes, es porque pertenecían a una estructura que se dedicaba al tráfico de drogas, dirigida por Quezada Fernández.
“Las propiedades que se embargaron provienen de actividades ilícitas según una investigación realizada amparado en la Ley de Extinción de Dominio”, afirmó el fiscal del caso.
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“Cuando el proceso inicia únicamente se decretan medidas cautelares o prohibiciones para asegurar las resultas de los procesos de extinción de dominio”, aclaró el fiscal.
También se pretende una adecuada administración de los bienes a través del CONNAB para que se mantengan en buenas condiciones hasta el final del proceso.
En este trámite, todavía la familia Quezada tiene la posibilidad de demostrar que los bienes incautados son de su propiedad y que fueron adquiridos de forma legítima. Para esto habrá una audiencia de pruebas y finalmente una audiencia de sentencia en la que finalmente hay una decisión.
De la totalidad de propiedades, cinco están en San Miguel, otras en La Unión y la mayoría en La Libertad.