El titular de la Dirección General de Centros Penales, Rodil Hernández, fue detenido ayer por órdenes de la Fiscalía. Es acusado del delito de actos arbitrarios, porque se presume que malversó fondos de las tiendas penitenciarias.
Al respecto, la Fiscalía no ha brindado mayor información sobre el tiempo en el cual habría sido cometido el ilícito, y ha convocado hoy para dar una conferencia.
La Unidad de Prensa del Ministerio Público detalló que el proceso penal abierto al funcionario será ventilado y aislado del que enfrenta 22 personas por el caso de la tregua de pandillas. “Son dos procesos diferentes”, señaló una fuente fiscal.
La Policía solo se limitó a indicar que había sido detenido por medio de un comunicado.
Hernández fue nombrado titular de Centros Penales en 2013. Su antecesor, Nelson Rauda, es acusado de agrupaciones ilícitas y tráfico de objetos prohibidos en las cárceles, que se presume, cometió en el marco de la tregua.
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El funcionario, antes se había desempeñado como Subdirector General Administrativo. Sus comienzos en Centros Penales datan de 2009.
Fiscalía detectó malversación de $2 millones
El año pasado ya sonaban las irregularidades sobre el mal manejo de los fondos de las tiendas en los centros de reclusión.
En mayo de 2016, el Fiscal General, Douglas Meléndez, explicó en el marco de las capturas de los imputados en el caso de la tregua, que las investigaciones establecían que entre 2012 y 2013, las tiendas penitenciarias malversaron $2 millones.
“Se llegó al extremo de dejar de pagar 2 millones de dólares de los proveedores de Centros Penales y tuvo que ser el Estado el que respondió”, puntualizó Meléndez.
El fiscal, además, dijo que habían indicios que los fondos malversados fueron destinados para “promover la tregua o beneficiar a los vinculados a la misma”.
Meléndez señaló que el encargado de realizar las transacciones de dinero para los beneficiados fue el exinspector general de Centros Penales, Anilber Eduviges Rodríguez Villeda.
En 2014, audios filtrados en un sitio de Internet sobre la entrevista hecha por fiscales a Nelson Rauda, relacionada con la tregua de pandillas, el exfuncionario reveló que el entonces ministro de Justicia y Seguridad y hoy ministro de Defensa, David Munguía Payés, le había ordenado que tomara el dinero de las tiendas institucionales para apoyar la tregua.
En la entrevista, Rauda mencionó que los fondos de las tiendas se hacía bajo “servicios de inteligencia” a nombre de dos exfuncionarios de Centros Penales, que supuestamente después de cobrar los cheques, se los entregaban a él.
En la audiencia preliminar sobre la tregua, ventilada en el Juzgado Especializado de Instrucción A, los fiscales expusieron que entre 2012 y 2013, Raúl Mijango, conocido como uno de los mediadores de la tregua, contó con dos oficinas en San Salvador en las cuales se reunía con pandilleros para tratar temas relacionados con los acuerdos tomados sobre la reducción de la violencia en el país.
Sobre uno de los locales, un testigo afirmó que el dinero para el contrato de arrendamiento fue a nombre del Organismo de Inteligencia del Estado.
Presidencia apoya a Hernández
Horas después que Rodil Hernández fuera capturado, la Presidencia de la República emitió un comunicado en el cual expresó su apoyo al funcionario.
“Nuestro respaldo al señor Director y a su gestión por excelente trabajo, ética y compromiso demostrado con la seguridad de familias salvadoreñas. Damos fe de su bien desempeño en el cumplimiento de las políticas de seguridad pública de este Gobierno, en especial, el proceso de modernización del sistema de Centros Penales”, señaló.
En el comunicado, el Gobierno también manifestó que Hernández comprobará su inocencia y “saldrá absuelto” de responsabilidades en el proceso penal, y que los entes de justicia lo librarán de cargos. Asimismo, destacó que en área de seguridad, uno de los logros ha sido la “neutralización” del crimen en los penales.
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En ese sentido, también la Corporación de Abogados Penalistas de El Salvador emitió un pronunciamiento.
Señaló que Hernández “endureció y fomentó” las medidas extraordinarias en los centros penales, y que estas afectan a los privados de libertad y a sus familiares.
Además, dijo que fue el funcionario quien manifestó que los abogados eran mensajeros de las pandillas. “Por lo que en esta oportunidad esperamos que sea sometido a un juicio donde se le respeten todos los derechos y garantías y que no se le apliquen las medidas extraordinarias ya que son atentatorias a los derechos de los procesados”, manifestó.