La vinculación del expresidente Mauricio Funes y el exministro de Justicia, David Munguía Payés en los delitos cometidos al amparo de la tregua de pandillas entre 2012 y 2013, no pasaron desapercibidos este lunes en los alegatos de los abogados defensores, en la audiencia preliminar que se desarrolla por cuarto día, en la que la jueza Antimafia de Instrucción A, valorará si hay suficientes pruebas para que 22 imputados vayan a juicio.
Entre los imputados en este caso está el ex mediador de la tregua: Raúl Mijango, el exdirector de Centros Penales, Nelson Rauda, seis exdirectores de penales y empleados de los equipos técnicos y consejo criminológico de la misma institución, así como el exjefe del Centro de Inteligencia Policial, comisionado Oscar Aguilar.
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A todos los ligan con la supuesta participación delictiva y por los cuales la Fiscalía los acusa de actos arbitrarios, tráfico de objetos prohibidos en centros de detención, agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes.
El abogado Rolando Aparicio dijo que ha quedado evidenciado en el dictamen de acusación que “al Fiscal General y a los fiscales auxiliares les ha faltado coraje de acusar a los verdaderos responsables: el ministro de la Defensa, Munguía Payés y al expresidente Mauricio Funes”.
Los profesionales sostienen que en Centros Penales y en la Policía Nacional Civil hay jerarquías que respetar, y de ahí que los subalternos y actuales imputados, lo único que hicieron fue cumplir órdenes superiores.
Es más dijeron, los miembros de los equipos técnicos y de los consejos criminológicos de las zona Central y Paracentral del país, su labor fue analizar los perfiles de los cabecillas de las pandillas tal y como se los habían ordenados sus superiores.
Los abogados aclararon que las decisiones para que se diera el traslado de cabecillas del penal de máxima seguridad no fue de los profesionales sino de las altas autoridades de Justicia y Seguridad Pública.
Uno de los fiscales del caso quien por su seguridad se declinó su identificación, dijo que el exministro de Justicia y actual ministro de Defensa David Munguía Payés, en el proceso indagatorio de la Fiscalía sobre la tregua dio tres versiones distintas de los traslados.
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“La primera que habían detectados que sabían del ingresos de cohetes Low posiblemente atentar contra los 30 cabecillas recluidos en el penal de máxima seguridad y que por eso se buscó su traslado de inmediato. Luego dio otras tres versiones para al final concluir de que no, que los movieron por las evaluaciones del Consejo Criminológico y del equipo técnico”, detalló el fiscal.
Incongruencias de Munguía Payés
“Creemos que hubo incongruencias (de Munguía Payés) a la hora de dar explicaciones sobre el manejo que dieron a la tregua”, agregó.
Para los fiscales, las versiones de Munguía Payés de muestran que no estaba preparado para contestar por qué movieron a los cabecillas de Zacatraz, y al final la estrategia fue falsear las evaluaciones del Consejo Criminológico y del Equipo Técnico.
La interpretación de los fiscales se basa “tomando en cuenta que desde las primeras reuniones en febrero de 2012 en el penal de Zacatecoluca, ya se le había propuesto a los internos esa posibilidad y les habían dicho que en esa misma semana iban a ser trasladar 30 cabecillas”, detalló el fiscal del caso.
Frente a esa realidad, Carlos Alberto Balderrama, uno de los defensores ofreció como prueba de descargo a favor de los acusados, un vídeo en el que el expresidente Mauricio Funes sintetizó la tregua en la Asamblea General de las Naciones Unidas como una política de Estado que tenía como fin reducir los homicidios.
Otro vídeo más entregarían a la jueza en el que se ilustra la participación del actual ministro de la Defensa, Munguía Payés reunido con cabecillas de pandillas y con representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) en lo que ellos llamaron “proceso de pacificación”.
Las pruebas de la defensa ofrecidas a la jueza dejan claro que la “tregua fue política con acompañamiento y apoyo del Estado para reducir los homicidios”. Y en la que posteriormente, la Asamblea Legislativa aprobó un decreto para la entrega voluntaria de armas, lo que dio origen a un acto simbólico en el que las maras entregaron armas obsoletas.
El defensor añadió que cuando ingresaban cajas con comida rápida, y que según la Fiscalía en su interior iban celulares para los presos, no era por aval del director del penal, sino por “orden superior”.
Sostienen que algunos directores como el de Izalco, José Adrián Abarca y Juan José Zepeda, procesados por tráfico de objetos prohibidos y agrupaciones ilícitas, son inocente, pues los beneficios que se ofrecieron a los pandilleros fue por mandato superior.
Zepeda fue ligado a las porno fiestas en las que mujeres desnudas bailaban para los reos, mientras Abarca por el ingreso de objetos prohibidos o celulares.
Según el defensor, Zepeda denunció el ilícito ante las altas autoridades e incluso sancionó al pandillero “Chino Tres Colas” por el ingreso de celulares al penal, lo que le costó que lo destituyeran porque estaba obstaculizando el proceso de pacificación o tregua que impulsaba Funes y Munguía Payés.