El Fiscal General Douglas Meléndez contestó a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que el presupuesto 2017 que aprobó la Asamblea Legislativa no contiene todos los gastos y que debió ser aprobado con 56 votos, ya que requiere del aval de más deuda para completar las partidas desfinanciadas.
Meléndez hace referencia en su escrito que la Asamblea incurrió en vicios de inconstitucionalidad al aprobar un plan de gastos que no contempla las sumas requeridas para atender distintos rubros, entre ellos, el pago de las pensiones, y que eso implicaría la adquisición de más préstamos, por lo que debió ser avalado con 56 votos, como lo dicta la Constitución en su artículo 148, inciso segundo.
“Regula una operación financiera dirigida a contraer deuda pública, es decir, un empréstito voluntario por la vía de la emisión de títulos valores”, reza parte de las conclusiones que Meléndez sostiene en su respuesta a la Sala de lo Constitucional.
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Meléndez añade que no hay un balance entre los ingresos y las erogaciones. “Es un presupuesto que desde su inicio fue elaborado y aprobado con déficit, no existe proporcionalidad entre gastos e ingresos”, argumenta, por lo que en su opinión, la Asamblea “vulneró el principio de Equilibrio Presupuestario establecido en el Artículo 226 de la Constitución”.
En efecto, la Asamblea ha tenido que hacer reajustes al presupuesto para afrontar las obligaciones de 2017, especialmente en el área de pensiones, para lo que recortó fondos a instituciones como Salud, Educación y Seguridad, que en vez de restarles necesitan de más fondos del Estado.
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Además, el gobierno no pudo solventar demandas de refuerzo presupuestario en instancias como la Fiscalía, a quien por presión de los diputados tendrá que inyectarle $10 millones del impuesto a la seguridad.
El vicepresidente Óscar Ortiz, hizo el anuncio ayer. Dijo que $7 millones serán entregados este mes y el resto después. La Fuerza Armada también recibirá $5 millones.