La vinculación del expresidente Mauricio Funes y el exministro de Justicia, David Munguía Payés en los delitos que se habrían cometido al amparo de la tregua entre pandillas entre 2012 y 2013, no pasaron desapercibidos este lunes en los alegatos de los abogados defensores, en la audiencia preliminar que se desarrolla por cuarto día, en la que la jueza Antimafia de Instrucción A, valorará si hay suficientes pruebas para que 22 imputados vayan a juicio.
Entre los imputados en este caso está el ex mediador de la tregua, Raúl Mijango, el exdirector de Centros Penales, Nelson Rauda y seis exdirectores de penales y empleados de los equipos técnicos y consejo criminológico, así como el exjefe de las Fuerzas Especiales El Salvador, Óscar Aguilar.
Por la supuesta participación delictiva en los hechos que les atribuyen, la Fiscalía los acusa de actos arbitrarios, tráfico de objetos prohibidos en centros de detención, agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes.
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El abogado Rolando Aparicio dijo que ha quedado evidenciado en el dictamen de acusación que “al Fiscal General y a los fiscales auxiliares les ha faltado coraje de acusar a los verdaderos responsables: el ministro de la Defensa, Munguía Payés y al expresidente Mauricio Funes”.
Los profesionales sostienen que en Centros Penales y en la Policía Nacional Civil hay jerarquías que respetar, y de ahí que los subalternos y actuales imputados, lo único que hicieron fue cumplir órdenes superiores.
Es más, dijeron los miembros de los equipos técnicos y de los consejos criminológicos de las zona central y paracentral del país, su labor fue analizar los perfiles de los cabecillas de las pandillas tal y como se los habían ordenados sus superiores y presentaron sus propuestas.
Los abogados aclararon que las decisiones para trasladar a los 55 cabecillas del penal de máxima seguridad no fue de los profesionales sino de las altas autoridades de Justicia y Seguridad Pública.
El defensor sostuvo que algunos directores como el de Izalco, José Adrián Abarca y Juan José Zepeda, procesados por tráfico de objetos prohibidos y agrupaciones ilícitas son inocente, pues los beneficios que se ofrecieron a los pandilleros fue por mandato superior.