Según la Fiscalía General de la República (FGR), hay un testigo criteriado o “imputado arrepentido” que prueba que el mediador de la tregua Raúl Mijango incentivaba el incremento y baja de homicidios en ciertos momentos para obligar al gobierno a seguir con ese proceso entre pandillas y concederles beneficios.
Estos son parte de los señalamientos con los que la FGR finalizó este lunes su intervención en la audiencia que ventila el proceso de la tregua entre pandillas pactada entre marzo de 2012 y mayo de 2013, donde el ministerio público ofreció más de 25 testigos que asegura confirman los delitos que se les imputan.
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Además, sostuvo que hubo irregularidades en los dictámenes criminólogicos para el traslado de 55 cabecillas desde el penal de máxima seguridad en Zacatecoluca a otras cárceles menos rigorosas.
Explicó que en dos días estos Consejos resolvieron el traslado, una labor que tardaría varios meses. También se permitió el ingreso de teléfonos celulares a los penales.
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La fase ahora corresponde a los defensores para rebatir las pretensiones de la Fiscalía.
A los imputados, entre ellos Raúl Mijango, se les acusa de falsedad material, actos arbitrarios, introducción de objetos prohibidos a penales y agrupaciones ilícitas entre otros delitos, que supuestamente habrían cometido al negociar y brindar beneficios ilegales a los pandilleros en prisión para bajar los homicidios.
A raíz de esta negociación, los homicidios bajaron entre 2012 y 2013, pero los desaparecidos se incrementaron, lo que hace pensar a muchos analistas que en realidad nunca existió tal baja.
“La tregua es un fracaso que se vendió como iniciativa de trabajo de inteligencia”, indicó el analista Roberto Cañas, jueves 18 de mayo en la entrevista de Canal 21, al referirse al proceso de negociación del gobierno de Mauricio Funes con las pandillas.
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Cañas criticó que las autoridades en ese momento trataron de “limpiar” el hecho con la presencia de la Iglesia católica.
La FGR ha señalado que los grupos ilegales cambiaron de estrategia delincuencial después de que el referido pacto pandilleril llegara a su fin.
Después de la tregua, las pandillas arreciaron los ataques contra “el sistema de Gobierno o la autoridad gubernamental, reflejada dicha circunstancias o modalidad a partir de la ejecución de ataques contra la autoridad”.
Para ello, las pandillas han logrado equiparse con mejor armamento de guerra, ya sean fusiles M-16 o AK-47, como suele verse con los decomisos que hace la Policía después de los enfrentamientos, según la Fiscalía.