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MS-13 reclamó a Funes por incumplir lo pactado en elecciones

Una carta del expediente del "Caso tregua", asegura que en enero de 2009, año de elecciones Presidenciales, la pandilla sentó acuerdos con altos dirigentes del FMLN

Familiares de pandilleros realizaron una marcha hacia la Corte Suprema de Justicia, para manifestarse en relacion al Art. 103 de la Constitucion, ya que violenta el derecho a la familia, a la educacion, a la reinsercion entre otros puntos.

Por Stanley Luna

May 18, 2017- 22:12

“Nosotros cumplimos los acuerdos y miles de familias votamos por el FMLN haciéndolos triunfar. Ahora les toca cumplir a ustedes, pero no lo han hecho y por eso los jefes de las clicas están enojados”.

Ese es el reclamo que puede leerse en una wila (mensaje) de pandilleros con fecha del 12 de enero de 2012, escrita para el entonces presidente Mauricio Funes y que fue presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) en la audiencia que se les sigue a 22 personas relacionadas con la polémica tregua de pandillas que se inició ese mismo año.

Fotos: Audiencia contra involucrados en la tregua de pandillas

Funes siempre justificó que la tregua había sido entre pandillas y que su gobierno fue “facilitador”, aunque la Fiscalía lo considera “como uno de los actores” de la tregua.

El documento, firmado por un sujeto de la pandilla MS -13 que se identifica como alias El Grillo, fue anexado por la Fiscalía al expediente del caso, abierto en el Juzgado Especializado de Instrucción “A”.

 

En la carta, el pandillero habla de que hubo 10 acuerdos para ayudar a facilitar el triunfo de Funes y el FMLN: el traslado de líderes de la pandilla desde el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca (Zacatraz) a Cojutepeque, la libertad de cabecillas con menores penas, las visitas más flexibles en los penales, una “compensación” mensual para cabecillas con el fin de iniciar una tregua y trabajo para las familias de los pandilleros.

Puede ver: Fiscalía: Gobierno de Funes dio dinero del Estado para la tregua de pandillas

Además de ingreso de los hijos de estos a la Academia Nacional de Seguridad Pública, la suspensión de operativos policiales y la extracción de los expedientes judiciales de los reos recluidos en diferentes penales.

A la vez, le suma dos que al parecer no habían sido establecidos, pues entre paréntesis especifica “nueva petición”: televisores en penales y el retiro de los soldados.

El listado de acuerdo va precedido por un recordatorio. De acuerdo con El Grillo, el entonces ministro de Justicia y Seguridad, Manuel Melgar, le había prometido en meses anteriores a enero 2012, que lo establecido sería cumplido de forma lenta, pretendiendo que la sociedad civil no sospechara, y que sería ejecutado hasta el “otro periodo de gobierno”.

“Pero Borromeo ( Enrique Henríquez Solórzano) manda a aclarar que lo que piensen los civiles no es problema de nosotros, y sabemos que líderes están planeado más ataques”, se lee.

Antes de firmar, el pandillero hace un último reclamo. Le dice que hay quejas porque tienen conocimiento de que a otros pandilleros le están ayudando hasta con dinero. Asimismo que si quieren hablar, que lo haga con los cabecillas de MS recluidos en Zacatraz.

El desarrollo de la tregua

Según lo expuesto ayer por Fiscalía, en el segundo día de la audiencia preliminar (previa al juicio), el inicio de la tregua de pandillas se remonta a febrero de 2012, es decir, un mes después de la carta dirigida a Funes.

Comenzó con las visitas de los inspectores policiales Luis Alonso Aguilar Marín y José Roberto Castillo Díaz al penal de Zacatecoluca, sin establecerse hasta la fecha de dónde salieron las órdenes para el ingreso a ese lugar.

La Fiscalía estableció que Castillo Díaz había sido destituido por el Tribunal Disciplinario de la Policía, tras un proceso sancionatorio en su contra por abandonar sus servicios en la corporación.  Sin embargo, en 2012, regresó a la Policía, basado en un Decreto Ejecutivo que data de 2006 y da la oportunidad de reingresar a los policías que hubiesen renunciado, pero en el caso de Castillo Díaz no era aplicable, ya que había sido destituido.

Vea: Defensor de imputados por tregua de pandillas pide enjuiciar a Funes y Munguía Payés

Uno de los fiscales del caso señaló ayer que consultaron al respecto al Tribunal Disciplinario de la Policía. Este les respondió que no podían reingresar a la corporación aquellas personas que tienen procesos sancionatorios pendientes. Y Castillo Díaz no los tenía, había sido destituido.

Posterior a las visitas de los inspectores, también realizaron visitas Raúl Mijango y monseñor Fabio Colindres, el obispo de los militares. Al inicio hablaron con cabecillas de la MS, luego con los de 18, hasta que lograron hablar con los cabecillas de ambas pandillas.

Las reuniones, de acuerdo con lo planteado por Fiscalía, respondían al interés de lograr una tregua. Pero entre las propuestas de las pandillas estaban el traslado de cabecillas de Zacatraz a otros penales de seguridad ordinaria, además de que los efectivos de la Fuerza Armada se dedicaran únicamente a la seguridad perimetral y no revisaran a las personas en su entrada y salida de los centros de reclusión.

A cambio, según las investigaciones, las pandillas debían comprometerse con reducir los homicidios.
El 2 de marzo de 2012, la Dirección de Centros Penales, entonces a cargo de Nelson Rauda, envió un oficio al penal de Zacatraz, que se titulaba “Listado de internos para sacar de Zacatraz”.

La Fiscalía detalló que el 8 y 9 de ese mes fueron trasladados los penales de Ciudad Barrio e Izalco cabecillas de ambas pandillas.

En abril de 2012, Rauda dio la orden de que los soldados encargados de revisar a las personas que entraban y salían de los penales se dedicarían solo a la seguridad perimetral.

De tal forma, que según Fiscalía, las personas conocidas como mediadores de la tregua -Mijango y Colindres- habían acordado, al inicio, el traslado de 15 cabecillas de cada pandilla, pero a ellos les sumarían 10 más por cada una. En total 50 traslados.

“Desconocemos a ciencia cierta cuál fue el parámetro por parte de los técnicos y consejo criminológico (de penales) como para seguir la instrucción”, explicó ayer el fiscal. Según él, un nuevo equipo luego revisó los expedientes judiciales de cada uno de los trasladados e identificaron que no existía ninguna razón para que fuesen enviados a penales ordinarios.
Mijango tuvo dos oficinas en San Salvador

Vea: Fallan audios de Fiscalía en audiencia de caso tregua

Las investigaciones fiscales han determinado que Mijango tuvo dos oficinas en San Salvador, donde se reunía con pandilleros. La primera estuvo situada en cercanías de la plaza Salvador del Mundo, en 2012, y la segunda en la colonia San Benito.

Del primer local hay información aportada por el testigo denominado clave 15, que establece que él fue quien brindó el contrato a nombre del Organismo de Inteligencia del Estado.

Otro testigo relató a la Fiscalía que en esos lugares, Mijango y los pandilleros hablaron del proceso de la tregua. Uno de los temas fue la entrega de las armas a las autoridades, a cambio de celulares para los cabecillas recluidos en los penales.

De tal forma, el testigo dijo que él fue el encargado de introducir en cajas de pollo varios celulares y fue trasladado a los penales por Castillo Díaz, quien había negociado para entrar con los paquetes.

El número de celulares, “superaba con creces” el número de armas entregadas”, explicó ayer el fiscal.

Incluso, el testigo reveló que en una ocasión fue Castillo Díaz quien dentro de una caja de zapatos ingresó a un penal y le dio a Carlos Barahona, alias Chino tres colas, un celular.

Ayer, la Fiscalía reproduciría audios recopilados en un año de investigación, de los imputados conversando en los penales. Al no escucharse pidió auxilio de un ingeniero técnico, pero la jueza luego de conocer la postura de tres defensores, le denegó la solicitud para no dilatar la audiencia.

Tags Mauricio Funes Pandillas Tregua

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