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Fiscalía: Gobierno de Funes dio dinero del Estado para la tregua de pandillas

Fiscalía asegura que el pacto entre las pandillas les permitió comprar armamento para atentar contra policías y soldados. Sostiene que Gobierno de Funes entregó prebendas y dinero a cabecillas a cambio de réditos políticos.

Por David Marroquín

May 18, 2017- 06:00

El gobierno de Mauricio Funes ocupó fondos públicos, entre éstos del Organismo de Inteligencia de Estado (OIE), para financiar las distintas actividades relacionadas a la polémica tregua entre las pandillas que se gestó entre esos grupos ilegales entre marzo de 2012 a mayo de 2013.

Lo anterior se desprende de la acusación fiscal contra 22 personas que son procesadas judicialmente por distintos delitos que se cometieron durante el auto denominado proceso de pacificación avalado por el gobierno de Funes.

En el documento, la Fiscalía General señala que parte de esos fondos habrían sido usados para el pago de un local donde Raúl Mijango había instalado una oficina para atender “las actividades referidas al proceso de pacificación, inclusive bajo esa coyuntura se le ha proporcionado guardaespaldas, además del pago del personal que laboraba apoyándolo en sus actividades en el mismo local”.

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La referida oficina fue instalada contiguo a un hotel situado en el sector del Monumento al Divino Salvador del Mundo, según la Fiscalía.

En esa oficina laboraban al menos cinco personas, entre ellas, una mujer que aparece en distintos videos captados en centros penales y que se conoce con el nombre de Deysi Yanira Mejía Velásquez.

Además, se le proporcionó vehículo y combustible para sus actividades relacionadas al tan cuestionado pacto entre esos grupos ilegales.

Decomiso de televisores plasmas en diferentes penales tras el rompimiento de la tregua. Foto/ Archivo

El Ministerio Público cuestiona además que se hayan usado recursos públicos para promover y favorecer el auto denominado proceso de pacificación entre las pandillas como por ejemplo vehículos, combustible, teléfonos y dinero para el pago de supuestos viáticos de las personas que apoyaban la denominada tregua.

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La Fiscalía asegura que las pandillas se robustecieron y se fortalecieron con el proceso de la tregua. Además se envalentonaron al mantener el alto índice de homicidios obligaron que “personeros del Gobierno se abocaran a sus cabecillas recluidos en el penal de Zacatecoluca para negociar, ofrecer prebendas, apoyo y la entrega de dinero en efectivo a cambio de obtener réditos políticos consistente en vender la falsa imagen de haber conseguido bajar los índices de violencia con las políticas gubernamentales de seguridad”.

Tregua permitió comprar armamento para atentar contra policías
Señala además que funcionarios de la OIE, jefes policiales, y funcionarios medios promovieron acciones que “permitieron que los grupos de pandillas generaran falsas expectativas a la sociedad, por cuanto, lograron fortalecerse por sus medios, incrementando las extorsiones, incrementando el número de personas desparecidas, y adquiriendo nuevo y mejor armamento en sustitución de las armas obsoletas que entregaron”.

Este es uno de los actos realizados en 2013, en el que autoridades de seguridad, el gobierno local de Ilopango y pandilleros firmaban los compromisos en el marco de la tregua y por los cuales recibieron el dinero a través del programa PATI. Cortesía Canal 6

El Ministerio Público asegura que ese armamento que adquirieron en ese período les ha permitido a esos grupos ilegales “ejecutar atentados de gran envergadura contra la autoridad policial, generándole considerables bajas, situaciones éstas que nunca antes llegaron a producirse en el tiempo a la tregua, de la cual el gobierno de turno en ese entonces dijo desmarcarse”.

Falsearon evaluaciones para sacar a pandilleros peligrosos
Señala el Ministerio Público que los 21 procesados son los responsables de “instigar para falsear información de dictámenes criminológicos con la clara y certera intención de cometer un fraude para justificar el traslado de peligrosos personajes antisociales que purgan severas condenas de prisión y conseguir trasladar a los mismos a centros penales con menor rigor penitenciario.

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Con respecto a esa situación, los fiscales del caso consideran que las evaluaciones que se le hicieron a los 34 cabecillas de las dos pandillas para trasladarlos del centro penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, La Paz, a otros penales, fueron solo para cumplir un requisito formal que exige la Ley Penitenciaria.

Cuestionaron que las referidas evaluaciones “estuvieron en todo momento desprovistas de un análisis técnico científico y las mismas más bien estaban ya orientadas y predestinadas a beneficiar a los líderes que finalmente fueron egresados”.

Raúl Mijango

En este punto, los fiscales que presentaron las acusación contra las 22 personas, señalaron que la tesis de que hubo un amaño o fraude con el traslado de los 34 cabecillas de pandillas el 6 de marzo de 2012 a penales con menor rigurosidad comenzó desde que la entonces directora del Consejo Criminológico Paracentral Carmen Elena Arévalo Mata ordenó la evaluación a los cabecillas las pandillas que estaban recluidos en el penal de Zacatecoluca.

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La Fiscalía señala que cuenta con el oficio emitido y firmado por ella dirigido al equipo técnico del referido penal.

La Ley Penitenciaria establece que el equipo técnico de cada penal es el que conoce quienes son los internos los que se encuentran aptos para ser propuestos para el cambio de régimen de uno de máxima seguridad a uno ordinario.

Señalan que es el equipo técnico el que formula propuestas al Consejo Criminológico y no a la inversa como sucedió en este caso específico.

Además cuestiona que la directora Arévalo Mata haya enviado una nota con los nombres de los reclusos que serían trasladados y cuyo encabezado decía: “para sacar de Zacatecoluca”.

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“Con el mismo se estaría dando por sentado, que las evaluaciones no deberían llegar a practicarse con el propósito o finalidad de establecer, con base al criterios técnico científicos, sino básicamente para llenar o completar un requisito formal, por cuanto la visión y el plan preconcebido es que las personas incorporadas en ese listado debían de salir del penal de Zacatecoluca”.

Si bien es cierto que las evaluaciones de los 34 cabecillas de pandillas autorizaban que estaban aptos para ser cambiados de régimen; no obstante, que no cumplían con los requisitos básicos ni tampoco tomaron en cuenta las faltas graves cometidas por esos internos y la inadaptación de los mismos, según la acusación fiscal.

Mencionan los fiscales que el hecho de haber trasladado a los 34 cabecillas de pandillas un régimen carcelario de menos rigor constituyó “una maniobra más que fue la que finalmente, de forma amañada, permitió a los líderes de las pandillas retomar el control y autoridad que habían perdido sobre sus respectivos grupos”.

Lo anterior está documentado con audios que han sido presentados por la Fiscalía como evidencia en los que reconocen que no tienen control ni comunicación con los pandilleros que se encuentran en libertad.

Cabecillas recibieron $200 mil por la tregua

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Otras de las situaciones que plantea la Fiscalía en la acusación contra las 21 personas es que las pandillas lograron que las autoridades suspendieran los estrictos registros de los soldados a las visitas, que toleraran el ingreso indiscriminado de aparatos de sonido, enseres y accesorios como refrigeradoras, cocinas eléctricas, juegos Play Station y televisores.

Además recibieron el apoyo incondicional de las autoridades penitenciarias para llegar a influir en el traslado del director de un penal que expresó su inconformidad por los desmanes que se daban en los reclusorios de pandillas.

Tags Mauricio Funes Pandillas Tregua Entre Pandillas

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