El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador extendió hasta el 30 de noviembre el plazo para que la Fiscalía y la defensa presenten las pruebas que servirán para enviar o no a juicio al expresidente Elías Antonio Saca, tres de sus exfuncionarios y tres exempleados de la actual Presidencia de la República, acusados de desviar $246 millones del Estado.
Mientras, los imputados permanecerán en prisión en el sector 9 del penal Mariona, donde fueron enviados el 17 de enero de este año.
La resolución fue debido a que la Fiscalía manifestó ante el juez Rigoberto Chicas que en el caso se ventilan delitos de investigación compleja y con muchos eventos. Además que indagan el patrimonio de cada uno de los procesados y realizan trámites de asistencia internacional para corroborar si estos poseen bienes en otros países.
Inicialmente, el límite de la etapa de instrucción otorgada por Chicas era el 31 de este mes. No obstante, el juzgador también valoró que los peritos, según le informaron, por la cantidad de documentos todavía no habían concluido los análisis financieros para el vaciado y resguardo de documentación que servirá como prueba de cargo contra los imputados.
“Es procedente por la cantidad de diligencias, abundante información que actualmente se está incorporando al proceso y la que está pendiente aún de incorporar”, resolvió Chicas.
Saca, su exsecretario privado, Élmer Charlaix; el exsecretario de la Juventud y extitular de Anda, César Funes; el exsecretario de Comunicaciones, Julio Rank. Además de los exempleados de la Presidencia: Pablo Gómez, Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Alberto Herrera habrían desviado los millones de dólares de arcas del Estado, entre el período presidencial de 2004 y 2009, valiéndose, incluso, de la ayuda de tres agencias publicitarias, según lo establece la investigación fiscal.
Defensor de Saca: “Era prudente dar la ampliación”
El defensor de Saca y Charlaix, Mario Machado, señaló a El Diario de Hoy que era “prudente dar la ampliación” de instrucción por las diligencias que faltan en el proceso.
Explicó que “la excusa principal” del juzgado para extender el plazo es que la Fiscalía está traduciendo a diferentes idiomas la resolución emitida por la Jueza Cuarta de Paz, Nelly Pozas, el pasado 5 de noviembre, en la cual establecía la detención provisional de los procesados.
Con dichas traducciones, dijo, el Ministerio Público pretende consultar, al menos a ocho país, si Saca tiene cuentas bancarias, que según Machado no las hay. Para ello deben remitir la resolución a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y que esta se encargue de darle trámite y enviarla, por ejemplo, a Bahamas y Japón, entre otros lugares.
“Creo que el plazo que el juez inicialmente había dado era imposible. Terminó de dar los papeles hace casi una semana”, aclaró el defensor, ya que detalló que fue hasta el 26 de abril que Chicas terminó de certificar la entrega de documentos a los peritos de Fiscalía para que realicen los análisis financieros.
Asimismo, Machado dijo que el juzgador realizó la juramentación de los peritos con una metodología que luego fue corregida, porque los delegados de Fiscalía le explicaron cómo era la forma de tratar procesos en donde se necesitaba documentación internacional.
Por su parte, Lisandro Quintanilla, defensor de Rank, dijo a partir de la extensión de plazo, solicitó al juzgado una audiencia de revisión de medidas de su cliente que será realizada hoy en el juzgado.