El Gobierno de El Salvador propuso hoy a la Asamblea Legislativa la aplicación de un régimen de libertad condicional para los salvadoreños con antecedentes penales deportados desde EE.UU. por el posible incremento en el retorno de pandilleros.
El vicepresidente, Óscar Ortiz, dijo a la prensa, tras una reunión con la comisión de diputados de Seguridad y Combate a la Narcoactividad, que la intención del Gobierno es “fortalecer los mecanismos de control” sobre las personas que cometieron delitos en el país norteamericano.
Detalló que, de aprobarse la iniciativa, al ingresar al país los retornados llenarán una ficha “certificada por la policía” en la que deberán declarar el tipo de antecedente que poseen y dependiendo de la gravedad del delito tendrán “inmediatamente” una audiencia con un juez.
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Posteriormente, estarán obligados a presentarse mensualmente en la delegación de la Policía más cercana a su domicilio, para “garantizar que no están en ninguna actividad ilícita”.
La iniciativa es para que “todas aquellas personas que vengan con antecedentes puedan ser controladas, supervisadas y debidamente atendidas en programas de reeducación y reinserción, si eso es lo que requieren”, dijo.
Aseguró que éste no será un régimen “punitivo” ni buscará “estimular una mayor represión”.
La propuesta fue presentada por Ortiz, junto al ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, y se espera que en los próximos días sea llevada ante la Junta Directiva de la Asamblea para que pase a estudio.
Esta iniciativa del Gobierno se da en respuesta al anuncio hecho por el presidente estadounidense, Donald Trump, el pasado 18 de abril de aplicar una política de “tolerancia cero” contra bandas criminales, como la Mara Salvatrucha (MS13).
Trump prometió en un mensaje en Twitter que “eliminará rápidamente” a los pandilleros de la MS13 en su país, lo que podría desembocar en un incremento en la deportación de pandilleros.
Para el presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, las medidas deben ser más severas y que “pandillero que ponga un pie en el país debe ir detenido”, porque las leyes salvadoreñas los consideran “terroristas”.
“Solo aquellos que defienden a los mareros no van a estar de acuerdo”, dijo Gallegos, quien se ha caracterizado por apoyar medidas como la pena de muerte.
El fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez, señaló que a las personas con antecedentes penales graves “hay que darles un tratamiento especial” de control, pero con “normativas que respeten sus derechos”.
“No todo deportado es un criminal” y “toda persona que venga (deportada) al país tiene derecho a la libre circulación”, dijo Meléndez al salir de la reunión con Ortiz y los diputados de la comisión.
Las autoridades de Seguridad salvadoreñas acusan a las pandillas de mantener los altos índices de asesinatos que sitúan al país como uno de los más violentos del mundo, con tasas de 103 y 81,7 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2015 y 2016, respectivamente.