Chepe Diablo se opone a ser enviado a Zacatraz

Chepe Diablo fue enviado a prisión preventiva el pasado 8 de abril.

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José Adán Salazar, procesado por lavado de dinero y activos. Foto/Mauricio Cáceres

Por Stanley Luna

2017-05-02 10:31:04

Miguel Ángel Flores Durel, abogado de José Adán Salazar, alias Chepe Diablo, solicitó ayer a la Dirección de Centros Penales que su cliente no sea trasladado de las bartolinas policiales donde está recluido al penal de máxima seguridad, conocido como Zacatraz.

La petición fue realizada un día después que Rodil Hernández, titular de penales, señalara que el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, que conoce el caso de lavado de dinero y activos de $215 millones, había solicitado espacio para el traslado de Chepe Diablo y a partir de ello se había informado de la asignación de un cupo, sin que todavía hubiese respuesta del tribunal al respecto.

Ayer, Hernández explicó a este medio que las razones por las cuales el procesado sería removido a máxima seguridad corresponden a la cantidad de dinero que supuestamente lavó y por encabezar “una estructura grande” para cometer ilícitos, lo que vuelve el caso “complejo”, y al estar en Zacatraz tendría mayor resguardo.

Sobre el proceso, la Fiscalía giró nueve órdenes de capturas, pero solo cuatro fueron ejecutadas.

Los imputados presentes, además de Chepe Diablo, son su exesposa, Sara Paz Martínez Bojórquez, su hija Susana Nohemy de Cruz, y Romelia Guerra Argueta, esposa del alcalde de Metapán, San Ana, Juan Umaña Samayoa, quien es prófugo del caso.

Ellas, según Hernández, serán trasladadas a cárcel de Mujeres, en Ilopango.

En el documento que Flores Durel presentó a la Dirección de Centros Penales expuso que Chepe Diablo no puede ser trasladado a máxima seguridad, sin que exista justificación, porque ello violentaría sus derechos y los de sus familiares.

“El traslado injustificado hacia un centro penitenciario de seguridad o la continuación de la ubicación del detenido bajo ese régimen cuando no existen causas que justifiquen su necesidad es una forma de violación de derechos, no solo del detenido, sino también de sus familiares”, dice el escrito.

Según el abogado, el requerimiento fiscal establece un supuesto ilícito económico derivado de evasión fiscal, por lo tanto es “absolutamente ajeno a cualquier manifestación de violencia o peligrosidad social”.

Justificó que Chepe Diablo no ha mostrado comportamiento agresivo con otros reos que signifique riesgo para la seguridad en el lugar donde está recluido, y si existiese un traslado, este debe ser un proceso que involucre también a Consejos Criminológicos.

El pasado 8 de agosto, la jueza Cuarta de Paz, Nelly Pozas, envió a prisión preventiva a los imputados mientras Fiscalía recaba más pruebas que los inculpen del delito de lavado de dinero. Las investigaciones establecen que los imputados se valieron de sociedades para blanquear por varios años más de 200 millones de dólares.