El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó la petición de Sigfrido Reyes, presidente de Proesa y ahora embajador, que la investigación que le sigue la Sección de Probidad no sea tramitada por los magistrados Sidney Blanco y Belarmino Jaime.
Reyes había pedido que ambos funcionarios no conocieran su caso porque él había presentado denuncias contra ellos. Sin embargo, la corte plena esta mañana decidió que ambos magistrados deben seguir conociendo el caso.
Contra el expresidente de la Asamblea Legislativa pesa una investigación en la Sección de Probidad de la CSJ por presunto enriquecimiento ilícito. Recientemente, el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González, confirmó que Reyes está en la lista de funcionarios de quienes está por emitirse una resolución.
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Según las declaraciones patrimoniales que presentó Reyes ante Probidad, correspondiente a su período como diputado de 2006 a mayo de 2015, su patrimonio pasó de $327,990 a $1.4 millones.
También causó polémica por comprar terrenos estatales que puso en venta el IPSFA.
El 19 de abril se conoció el nombramiento de Reyes como embajador en Misión Especial para la promoción de las exportaciones e inversiones de El Salvador.
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A juicio de varios abogados, este nombramiento se hizo con la única intención de protegerlo ante una eventual investigación penal.
Los abogados Francisco Bertrand Galindo, José Domingo Méndez, Eduardo Escobar y Rómulo Rivas Blanco, consideraron que se está haciendo una práctica del gobierno del FMLN, de crear cargos a funcionarios que están siendo investigados para protegerlos de un posible juicio penal, y citaron el caso del dirigente del FMLN, José Luis Merino, quien en octubre de 2016 fue nombrado viceministro de Inversión Extranjera y Financiamiento para el Desarrollo, cargo que también goza de fuero.
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El canciller de la República, Hugo Martínez, confirmó el lunes que el nombramiento de Sigfrido Reyes como embajador fue una recomendación del presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén para “dar más interlocución” a su cargo de presidente de Proesa.
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Además, dijo que la inmunidad diplomática es diferente al fuero constitucional por lo que aseguró que Cancillería cooperaría si se llegara a dar un requerimiento judicial contra el funcionario.