La Cámara Primera de lo Civil de San Salvador abrió un juicio formal por enriquecimiento ilícito contra el expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Agustín García Calderón, y su esposa, Gloria Valdés de García, informó, el lunes, la Oficina de Comunicaciones de los Tribunales.
El exfuncionario, según la Fiscalía, no habría justificado 183, 536. 61 dólares mientras estuvo en el cargo, entre 2000 y 2009. Su esposa no habría dado cuentas de otros 10 mil dólares.
El Tribunal superior les dio un plazo de 20 días hábiles para que puedan defenderse.
También ratificó la inmovilización de cinco inmuebles situados en San Salvador y Santa Ana; un vehículo y dos cuentas bancarias.
En febrero, la CSJ ordenó abrir un juicio civil por supuesto enriquecimiento ilícito contra el exmagistrado con base a los hallazgos de la investigación que la Sección de Probidad presentó a la Corte Plena.
Según Probidad, García Calderón asumió su cargo en el 2000 con un patrimonio de 227 mil 428.54 dólares y finalizó el 30 de junio de 2009 con ingresos que no ha podido justificar por más de 170 mil dólares.
Vea: CSJ: García Calderón tomó seguro pagado con fondos públicos
El estudio de Probidad se basó en cinco categorías: dinero en efectivo, bancos y otros; vehículos automotores, bienes inmuebles (terrenos y residencias), deudas e ingresos.
Algunas de las irregularidades que detectó Probidad es que al 30 de junio de 2009, después de finalizada la gestión del exfuncionario en la CSJ tuvo ingresos superiores a los 81 mil dólares, sin que justificara su procedencia.
También le cuestiona la adquisición de cuatro vehículos por 58 mil dólares al concluir su trabajo en el máximo tribunal. Según información extraída del Registro Público de Vehículos del Viceministerio de Transporte, el exmagistrado compró los carros en 2010.
Uno de ellos le costó 10 mil dólares y se lo compró a Rafael Ardón Romero, cuñado de José Misael Cisneros (a) Medio Millón, ambos procesados por el delito de lavado de dinero.
Bono de $28 mil por retiro elevó patrimonio
El mes pasado, la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía sostuvo que el patrimonio de García Calderón se habría incrementado al solicitar “retiro voluntario” como funcionario y recibir un bono por más de 28 mil dólares cuando lo que correspondía era la finalización de su período como titular del máximo tribunal, en 2009.
Con ello habría infringido la Ley de la Carrera Judicial y, de acuerdo con las investigaciones, el incremento patrimonial injustificado de 165 mil dólares por el que fue enviado a juicio civil luego ascendió a 193 mil dólares.
Para la Fiscalía, él no tenía derecho a la bonificación porque podría haber procedido a la jubilación mientras cumpliera los requisitos legales que exige la ley.