La incertidumbre ensombrece la tranquilidad de 22,000 militares retirados que reciben su pensión del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (Ipsfa), entidad a la que el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, no le ha trasladado los fondos suficientes para honrar el pago de las pensiones de marzo. Tampoco tienen la certeza si recibirán su pensión hasta diciembre de 2017, mucho menos para los años siguientes.
El presidente del Ipsfa, Félix Núñez Escobar, criticó ayer ante los diputados de la Comisión de Seguridad de la Asamblea que el gobierno tuvo disponibilidad de $37.3 millones desde 2016 para entregárselos a los pensionados del Ipsfa, pero sólo les dio $24.8 millones y que el resto se los han dado a cuenta gotas a la institución.
Esos fondos provienen de la emisión de $152 millones en bonos que el Congreso aprobó el año pasado para reforzar las medidas extraordinarias de seguridad, de los cuales se dejó establecido que $37.3 millones son para el pago de las pensiones del Ipsfa.
Núñez Escobar reveló a los diputados que Cáceres les quedó debiendo $12.4 millones desde 2016, por lo que para cancelar las pensiones del año pasado tuvieron que tomar dinero de otras partidas de la institución, pero los fondos deben reintegrarlos.
El gerente general del Ipsfa, René Díaz Argueta, informó que echaron mano de recursos destinados a “rehabilitación y del fondo de retiro”, y cuestionó que Cáceres ahora les diga que como ya cancelaron con recursos propios no es necesario que Hacienda se los entregue para que los devuelvan a su destino original.
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Sin embargo, el ministro de Hacienda hizo algo similar el jueves pasado cuando incorporó $122 millones al Presupuesto general de 2017 de gastos que ya había cancelado con ingresos corrientes del año pasado argumentando que debía reponerlos, para lo cual descontó ese mismo monto de la recaudación tributaria del presente año.
ARENA pidió al gobierno que de ese dinero se tomaran los recursos que faltan para pagarle al Ipsfa, al menos para cumplir con el pago de pensiones hasta diciembre de 2017, pero el FMLN y el gobierno se opusieron.
Actualmente, el Ipsfa logró pagar los compromisos con los jubilados de enero y febrero del presente año, para lo cual Hacienda les depositó $7.2 millones, por lo que les debe todavía $5.2 millones, agregó Nuñez.
Con ese dinero que aún no han recibido el Ipsfa planea pagar $4.1 millones correspondiente a las pensiones de marzo, quedándoles un remanente de poco más de un millón de dólares para cancelar los beneficios de los pensionados en abril.
Lo anterior significa que recursos para honrar los compromisos que el Ipsfa tiene con sus asegurados no hay a partir de marzo, para abril es todavía más incierto y peor aún para los meses venideros dado que, según Díaz Argueta, para terminar 2017 requieren de $51.2 millones y Hacienda les ha informado que no tiene cómo pagarles.
Piden sostenibilidad
La crisis financiera que atraviesa el Ipsfa en el primer trimestre del año solo sería la punta del iceberg, puesto que no hay garantías que el gobierno pueda darles fondos para terminar de pagar las pensiones hasta diciembre de 2017, mucho menos para los años siguientes. Esto baja la moral de los militares activos que confían en pensionarse algún día, dijo el vicepresidente de Causa Justa, el general Jaime García.
Para este sector, una de las alternativas sería hacer del Ipsfa una especie de financiera, que es una de las propuestas que han llevado a los diputados para su análisis.
García informó que este próximo sábado han convocado a una primera convención de los militares pensionados para evaluar las medidas a tomar, en caso de que el gobierno no cumpla su compromiso.
Según el presidente del Ipsfa, el gobierno ha llegado al extremo de sugerirles que vendan los bienes inmuebles que aún les quedan, como una alternativa para obtener fondos para saldar las pensiones de los militares.
Pero ni aun así el Ipsfa podría cumplir con el pago de los beneficios laborales que tienen con los 22,000 pensionados, ya que el gerente de la entidad explicó que el valor de las propiedades que tiene el Ipsfa rondan los $40 millones, pero que de ese monto únicamente $5 millones se podrían ocupar para el pago de pensiones.
Si toman de esos recursos estarían faltando a otras obligaciones como el pago de seguros de vida e indemnización para los beneficiarios de los miles de muertos de la Fuerza Armada que dejó el conflicto armado de los años 80, justificó Díaz Argueta.
De hecho, el diputado del PCN, Antonio Almendáriz, dijo que una de las salidas es que el gobierno haga un préstamo para pagarle al Ipsfa $1,400 millones que les debe en total, ya que fue la institución que tuvo que asumir una obligación que tenía el Estado de pagar indemnizaciones a los familiares de los militares caídos en combate.
“La solución del Ipsfa a corto plazo solo puede venir si el Estado paga la deuda de un solo: $1,400 millones, de otra forma no hay solución de corto plazo”, reforzó Díaz Argueta, como medida para salir a flote antes de caer en impago.
Pero mientras los militares urgen su pensión, el gobierno está más afanado en pedir que la Asamblea ratifique un préstamo por $30 millones para caminos rurales. El ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, llegó ayer a cabildear el apoyo para el crédito y logró el compromiso de GANA y FMLN; el PCN dijo que lo analizan y ARENA ha cerrado filas para no votar por más deuda.