La incorporación al presupuesto del presente año de un remanente de $122 millones en bonos que aprobó ayer la Asamblea, podría ser un proceso “ilegal administrativo”.
La observación viene del abogado Francisco Bertrand Galindo, quien analiza que si “los gastos (que se reintegran con los bonos en mención) no estaban autorizados, no se podían pagar hasta tener el cifrado presupuestario. Si lo hacen a posteriori hubo una violación de ley que la están tratando de corregir ahora”, valoró.
Todos los diputados, a excepción de la bancada de ARENA, avalaron en la plenaria del jueves incluir en el presupuesto de 2017, la cantidad de $122 millones, de un excedente que quedó de los $550 millones en emisión de bonos, aprobados en noviembre del año pasado.
El gobierno urgió a los diputados que le aprobaran esa deuda en bonos, argumentando que no tenía cómo honrar el pago de remuneraciones, el Fodes a las alcaldías, proveedores y el subsidio de la energía eléctrica correspondientes a partidas de 2016.
Pero ahora el gobierno justifica que tuvieron ese remanente de $122 millones, debido a que tuvo que pagar todos esos compromisos con recursos propios y necesita reintegrárselos a sí mismo.
De acuerdo al decreto ejecutivo avalado el jueves, el gobierno incorporará esos $122 millones al presupuesto de 2017 para los gastos citados arriba, los cuales ya suplió con ingresos corrientes de 2016.
A su vez, la Asamblea avaló que la misma cantidad ($122 millones) se descuente de la recaudación tributaria que se estima para el presente año, a manera de que las cuentas cuadren y que el presupuesto aprobado para 2017 no se incremente, porque entonces estarían creando dos fuentes de financiamiento en el plan de gastos para el mismo fin, comentó el analista económico y asesor de ARENA, Rafael Lemus.
“Eso podría generar una responsabilidad administrativa. No sé si además podría constituirse en un delito, habría que estudiar el caso concreto”, reflexionó Bertrand Galindo, quien instó a que sea la Corte de Cuentas de la República la que inspeccione el proceso.
A juicio de Bertrand Galindo, el remanente de los $122 millones tendrían que ponerlo que lo van a usar en gastos nuevos, “porque si ya pagó lo otro, eso ya se terminó, ya se acabó, ahora tendrían que poner en qué van a usar esos $122 millones”, abundó.
Alrededor de esa nueva dirección del gasto surgió una fuerte discusión el jueves en la plenaria, ya que ARENA insiste en que el gobierno incumplió el Acuerdo Marco de noviembre que manda buscar el financiamiento para las partidas que no tienen fondos en el presupuesto 2017.
Según ese documento, los compromisos que no tienen financiamiento en el gasto de este año son las pensiones del Instituto de Previsión Social (Ipsfa) por $36 millones, los Certificados de Inversión Previsional (CIP) por $56 millones y $30 millones para las elecciones de 2018. Sin embargo, el FMLN no aceptó la propuesta de ARENA.
“Tendría sentido porque al final de cuentas si esos $122 millones el destino para el que se habían pedido ya estaba cubierto, es claro que ahora pueden agarrar ese dinero y utilizarlo para fines que no están cubiertos”, apuntó el abogado Max Mojica.