Transparencia Internacional (TI), Capítulo El Salvador, pidió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar el “uso discrecional” en la Presidencia de la República de los gastos reservados, también conocida como “partida secreta”, ya que a su juicio, ha quedado en evidencia el mal uso de estos fondos y por ende, la posible comisión de delitos relacionados al enriquecimiento ilícito.
El director de Funde y representante de TI en el país, Roberto Rubio, mencionó algunos casos de lo que considera un mal manejo de gastos reservados en la presidencia de Mauricio Funes y de Antonio Saca, quienes están siendo procesados por presunto enriquecimiento ilícito.
Transparencia Internacional puso de ejemplo el caso del exfiscal Luis Martínez, quien aseveró que recibía de Casa Presidencial entre $10 mil a $20 mil mensuales como sobresueldo. También el de la exministra de Salud, María Isabel Rodríguez, que aseguró en una entrevista radial que recibía un sobresueldo del Ejecutivo.
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Además de exfuncionarios, TI pide que se investigue al actual Presidente y Vicepresidente de la República por el “uso discrecional” de los gastos reservados.
“A la Corte Suprema de Justicia, a iniciar o dar seguimiento a las auditorías y procesos por presunto enriquecimiento ilícito en los casos de personas que han ocupado o están desempeñando los cargos de Presidente de la República, Vicepresidente, ministros y viceministros en relación a posibles pagos complementarios a su salario que no tendrían justificación legal”, planteó, Jaime López, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (Alac).
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En un documento emitido por Funde-Alac pide también: “A la Fiscalía General de la República, a extender y profundizar las investigaciones sobre posibles delitos cometidos por funcionarios públicos y particulares en relación con el uso de las partidas de gastos reservados”.
“El monto es bastante grande a nuestra manera de ver y su uso demasiado discrecional y como hemos visto en el caso del expresidente Saca, que es el que conocemos, pero posiblemente hayan situaciones parecidas con otros expresidentes, es un uso bastante discrecional que puede servir para fines inadecuados y su manejo puede caer en vicios de ilegalidad”, dijo Rubio.
Aseguran que el Ejecutivo tiene asignado tres partidas de gastos reservados: para la Presidencia, el Ministerio de Defensa y la PNC. Aunque Casa Presidencial asegura en su portal de Transparencia que el uso de estos fondos son debidamente auditados por la Corte de Cuentas (CCR).
Pero según López, a juzgar por cómo se ha operado en el país, la Asamblea Legislativa debe normar y regular el uso de esos fondos en el Ejecutivo y la CCCR auditar el manejo de los gastos reservados.