A cinco años de tener una Ley de Acceso a la Información Pública funcionando y a cuatro de tener un instituto, aún hay cambios que hacer para profundizar el alcance de este derecho fundamental, afirmó el comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Jaime Campos.
Uno de esos es expandir la lista de entes obligados a revelar datos a la ciudadanía.
Actualmente, están obligadas por la ley todas las instituciones públicas de los diferentes órganos de estado, las autónomas y las municipalidades. Asimismo, tras la aprobación de la Ley de Partidos Políticos y sentencias judiciales sobre la misma, los partidos están obligados a rendir cuentas sobre sus finanzas.
Esto es insuficiente, indicó Campos. Para avanzar en transparencia en el país, también debería haber obligación de transparentar cuentas para fideicomisos, universidades, sindicatos y otro tipo de instituciones que son de interés público, agregó.
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Esto es parte de una serie de reformas que a su juicio deben hacerse para que se profundice este derecho fundamental de acceso a la información pública.
Partidos políticos
Si bien a los partidos se les obliga a transparentar sus finanzas y el destino de los fondos que han recibido, estos han cumplido únicamente parcialmente con las solicitudes que un grupo de ciudadanos ha hecho.
Según Campos, esto se debe a que a diferencia de las instituciones públicas, los partidos no han sido capacitados en la LAIP y cómo responder efectivamente las demandas ciudadanas.
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Esto, a su juicio, responde en parte a que según la Ley de Partidos no es el Instituto de Acceso a la Información el que vigila que estos cumplan con los lineamientos de transparencia, sino el Tribunal Supremo Electoral.
“El TSE no ha visto esto (capacitación en transparencia a los partidos) como prioritario. Se ha limitado a resolver controversias”, lamentó Campos.
Otro reto que los comisionados Campos y Mauricio Vásquez identificaron es el de la transparencia en municipalidades. En estas instituciones, se notó que el cambio de administración, en mayo de 2015, afectó el cumplimiento de la LAIP.
Asimismo, con el advenimiento de los Concejos Plurales, han recibido solicitudes de regidores que solicitan datos sobre su misma municipalidad, pues los alcaldes de otros partidos les han negado información.
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Finalmente, el comisionado Vásquez afirmó que un gran reto del Instituto y del Estado es promover una “cultura archivística”, donde la información esté almacenada de forma segura y ordenada para facilitar el acceso a datos.
“Nosotros estamos pregonando porque se apruebe una ley general de archivos y una ley de protección datos personales”, agregó Campos.