La Cámara Segunda de lo Civil aprobó ayer que el expresidente Mauricio Funes, asilado en Nicaragua, declare desde la Embajada de El Salvador con sede en ese país, en el juicio por presunto enriquecimiento ilícito, y que dicha diligencia sea realizada bajo cooperación judicial internacional.
Para ello, las dos magistradas del tribunal librarán oficio a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que la declaración de Funes sea solicitada a las autoridades consulares correspondientes.
En la resolución, la Cámara también dio tres días hábiles – a partir de ayer- para que Enrique Antonio Araujo Machuca, defensor de Funes, y acusadores de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía presenten el cuestionario con las interrogantes que el exmandatario deberá responder.
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— elsalvador.com (@elsalvadorcom) 2 de febrero de 2017
Las magistradas analizaron que negar la declaración de Funes desde Nicaragua afecta su derecho a defenderse por la demanda, y que hacer comparecer al exfuncionario al tribunal sería atentar contra sus derechos fundamentales, porque el asilo político con el que cuenta le imposibilita regresar a El Salvador.
Bertrand: “Funes confirmaría que no es perseguido político”
El abogado Francisco Bertrand Galindo, consultado por este medio, explicó que la declaración de Funes en el juicio civil “efectivamente sería una confirmación que no es un perseguido político”, como lo ha planteado el exfuncionario.
Bertrand Galindo señaló que la tramitación de la diligencia puede tardar varias semanas, y por lo tanto, cree que es una medida de Funes para dilatar el proceso.
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La resolución que la Cámara emitió ayer se dio luego que el 10 de enero de este año, Araujo Machuca solicitara a la Cámara que el exfuncionario declarara desde Nicaragua, ya que este alegó “temer por su vida” si venía a El Salvador. Tal solicitud fue aprobada un día después.
Sin embargo, el abogado pidió la cooperación judicial internacional, pero la Cámara se la denegó bajo el argumento que la declaración de Funes fue solicitada en territorio salvadoreño.
Asimismo, el tribunal estableció que no era viable trasladar a los otros demandados por presunto enriquecimiento ilícito (el hijo del exfuncionario, Diego Roberto, y la exprimera dama, Vanda Pignato) a Nicaragua, porque ello implicaba trámite oficial sin que se contara con las debidas autorizaciones diplomáticas; y le ordenó que en tres días hábiles pusiera a disposición los medios tecnológicos necesarios para que Funes realizara la declaración.
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En vista de lo decidido, el 16 de enero, Araujo Machuca presentó un recurso de revocatoria, lo que implicó que la audiencia programada para el día siguiente fuera suspendida, mientras la Fiscalía se pronunciaba al respecto, para que luego la Cámara resolviera.
Funes, su hijo y Pignato son demandados por no justificar el origen de $728,329.74. La Fiscalía tiene en su poder más de 250 pruebas contra ellos, entre las cuales están los gastos efectuados por la exprimera dama, quien al ser Secretaria de Inclusión Social, no devengaba salario alguno.
Actualmente el expresidente también es investigado por cinco delitos penales que habría cometido durante su administración.