La red de prostitución de menores a la que Fiscalía vincula al locutor y presentador de televisión Maximiliano González, conocido como Gordo Max, y otros tres imputados tenía una peculiaridad para engañar a sus víctimas.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, los encargados de la misma ofrecían a jóvenes trabajos de edecán y modelaje con altos salarios, pero al momento de la supuesta reunión para la contratación, las víctimas eran entregadas a los “clientes”, quienes abusaban sexualmente de ellas.
La forma de contactar a las jóvenes era por medio de redes sociales. A veces, según Fiscalía, quienes realizaban estas acciones también les entregaban apartamentos a los “clientes” para que estos tuvieran relaciones sexuales con las menores o en otras ocasiones pasaban recogiendo a las víctimas en centros comerciales.
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En octubre de 2015, el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó por este caso a ocho personas a prisión. Las condenas fueron entre siete y 10 años.
Otras tres personas fueron absueltas porque el juez se basó en el testimonio de una de las víctimas.
Según las declaraciones que la fiscal del caso brindó para entonces, cada uno de los condenados contaba con una lista de contactos a los que llamaban para explotar sexualmente a las víctimas.
A criterio de la Fiscalía, en la red había personas que se encargaban específicamente de reclutar a las víctimas, incluso, las investigaciones apuntaron que vecinos de estas se encargaban de llevarlas a centros comerciales en donde eran intercambiadas.
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Una de las víctimas, de acuerdo con la representante del Ministerio Público, se sometió a terapia sicológica para denunciar a los vinculados a la red de tratantes.
Los montos que los “clientes” pagaban por abusar sexualmente de las menores estaban entre 100, 150 y 250 dólares, de acuerdo con Fiscalía.
Los condenados por este caso fueron Stephanie Mejía, Karla Yamileth, Ana Milagro Mancía y Jenny Rosibel (siete años de cárcel); Estela Lourdes y Dennis García Méndez (nueve años); Blanca Ermelinda y Daniel Armando Pérez Bonilla (10 años. Este último fue perfilado como uno de los cabecillas de la red).
Los absueltos fueron Karla María López Fuentes, César René Merino y Johanna Gil Canizález.
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Gil Canizález, antes de ese proceso, ya había sido condenada por delitos similares, según las autoridades.
Las primeras capturas de los condenados fueron realizadas en noviembre de 2013 cuando seis de los procesados se encontraban en sus casas de habitación en Apopa, San Marcos y San Salvador.
Mientras que los demás fueron capturados en agosto de ese mismo año.
A petición de la Fiscalía, al caso le fue declarado reserva, porque el ex fiscal general Luis Martínez justificó que en este entraba en juego la Ley Lepina y otras normativas de protección al menor.
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Para entonces, a través de redes sociales se viralizó una lista de supuestos clientes de la red, pero Martínez señaló que era falsa.
Ayer, en una conferencia de prensa la Fiscalía informó que el Gordo Max estaba en la lista de las personas que pagaban por tener relaciones sexuales con las víctimas.