La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y directores de diversos medios condenaron el proceder del alcalde de San Salvador, de negar el acceso a una conferencia de prensa a una periodista de El Diario de Hoy y anunciar que demandará a La Prensa Gráfica por lo que califica como una “difamación”.
Serafín Valencia, presidente de la APES, aseguró que ningún funcionario municipal o estatal tiene la autoridad de obstruir el labor periodístico e impedir la labor de informar a la ciudadanía.
Manifestó que acciones como esta se convierten en una amenaza a la libertad de expresión y que no debe permitirse en una sociedad democrática. Explicó que el mecanismo por el cual debió de actuar el alcalde es a través de la Ley Especial de Rectificación y Respuesta y no impidiendo el trabajo de la prensa.
“Esas son medidas que violan la libertad de expresión y como un atropello a la libertad de información. Es un funcionario público que está obligado a dar la información”, expuso.
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En cuanto a la demanda que el alcalde aseguró que pondría contra La Prensa Gráfica, Valencia dijo que no era la vía atacar a medios de comunicación si no se está de acuerdo con las publicaciones o está inconforme. “Así no se contribuye a la democracia”, manifestó.
Álvaro Cruz Rojas, editor en jefe de Diario El Mundo, lamentó la acción, aseguró que la reacción del alcalde es una acción que está contra la libertad de expresión.
“Me parece una actitud atentatoria contra la libertad de expresión, una censura previa, una expresión de miedo a cuestionamientos de parte de un funcionario que está supuesto a rendir cuentas transparente de todos sus actos”, dijo.
Roberto Rubio, director de Funde, calificó de “absurdo”, la demanda que el alcalde capitalino anunció que pondrá en contra de LPG por haber publicado las irregularidades con la que la comuna de San Salvador adjudicó el contrato de cámaras de vídeo vigilancia.
De acuerdo con Rubio es obligación de la alcaldía dar a conocer esa información conforme a la ley de Acceso a la Información Pública vigente que lo obliga a hacerlo. No brindarla implica que hay cosas que la municipalidad podría estar ocultando”, reflexionó.
“Se pueden haber sentido que se les arruinó el negocio y se sienten topados por ellos, y reaccionar de esa manera irracional, no tiene una base legal”, argumentó Rubio.
Edwin Góngora, periodista, también condenó el hecho y dijo que ninguna funcionario público tiene la facultad para impedir que un periodista de cobertura a un evento.
“Lamentablemente él está violentando el derecho a la información”, acotó.
En cuanto a las demandas aseguró que estas deben de estar amparadas en hechos reales y no ficticios.