El jueves 24 de noviembre de 2016, en La Habana, Cuba el gobierno de Colombia firmó un segundo acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) luego de la desaprobación del primer acuerdo en el plebiscito del 2 de octubre.
Con esto se dio fin a más de cinco décadas de enfrentamiento, lo que dejó a millones de desplazados y cientos de miles de asesinados. A juicio del director de la Unidad de Atención a Víctimas del Conflicto de Colombia, Alan Jara, este fue un paso fundamental, pero la verdadera paz empieza a construirse desde esa firma.
Este proceso, según compartió en una entrevista con El Diario de Hoy, debe incluir el aporte de quienes sufrieron las consecuencias de la guerra. Si no, no podrá ser sostenible. Esto es lo que compartió con este medio:
¿Cuáles son los retos principales al empezar a diseñar un camino de paz?
Firmar la terminación de un conflicto es apenas el punto de partida del establecimiento de la paz. Esta última tiene que construirse con la gente, con las víctimas y en los territorios donde se vivió el conflicto. En el caso colombiano, donde se logró terminar el conflicto con las FARC, ese es el punto de partida. En adelante, en todo el territorio colombiano deberá construirse la paz generando oportunidades, terminando las causas estructurales que llevaron al conflicto y reparando a las víctimas que quedaron en el camino. Haciendo esa diferenciación entre el fin de una guerra y la construcción de paz, se inicia una tarea que ya no es solo de los actores principales, sino de la sociedad en su conjunto.
O sea, se ha logrado solo una primera parte.
Una parte fundamental sin la que no se puede continuar el camino, pero no es la meta, sino el inicio. En el caso de las víctimas, el gobierno colombiano tomó una decisión inédita en el mundo, la de repararlas antes de terminar el conflicto. En 2011, se aprobó una Ley de Víctimas que creó un marco jurídico y una institucionalidad para la reparación y atención integral, además de mecanismos de participación efectiva. De tal manera que cuando se negocia la terminación del conflicto, ya se ha recogido a través de foros nacionales las principales necesidades en materia de verdad, reparación, justicia y garantía de no repetición.
¿Qué tipo de reparaciones se contemplaron y cuáles han sido las cifras de víctimas que se han acercado?
Es una reparación integral individual que comprende medidas de satisfacción, reparación, recuperación emocional, atención psicosocial, garantías de no repetición y medidas de indemnización administrativa, además de empoderar a las víctimas, abriendo mecanismos de participación creando mesas departamentales y municipales para que todo el diseño de política de víctimas tenga el concurso de ellas.
En Colombia hay 8 millones de víctimas. El 80% de ellas es de desplazamiento forzado. En esa ruta se ha atendido ya a 3 millones y medio y la indemnización administrativa se ha dado a 640 mil víctimas. Si comparamos esta cifra con toda Latinoamérica, en Colombia se ha hecho siete veces más que todos los países combinados, pero si lo comparamos con nuestra realidad de cincuenta años de conflicto, todavía hay un camino largo de recorrer, pero que se inició antes de darle fin a la lucha armada.
En los acuerdos de La Habana la reparación hace énfasis en tres cosas: la verdad, que lleve a la reconciliación, pues sin verdad no hay acceso a los beneficios que se dan; segundo, la reparación incluso con bienes adquiridos ilícitamente de los victimarios; tercero, la justicia que se canaliza por medio de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que incluye sanciones no necesariamente carcelarias para los responsables de los delitos.
Además, hemos hecho un proceso de reparación colectiva para reconstruir el tejido social, especialmente en comunidades indígenas y vulnerables. El Estado ha conformado un sistema que recoge aportes de todas las entidades del Estado que están involucradas.
¿Y en qué tipo de programas de memoria histórica y de no repetición se está pensando?
Esto es fundamental. Cuando no hay memoria histórica, se genera revictimización. No reconocer lo que ha pasado es grave para la víctima. Esta memoria es parte de las garantías de no repetición, el saber lo que pasó para que nunca más pase. La Ley de Víctimas de 2011 crea tres entidades: una de las víctimas, una de restitución de tierras a campesinos a quienes le fueron despojadas y un centro de memoria histórica que recogerá las verdades, pues no solo hay una. En el acuerdo se aclara que la Comisión de la Verdad que no tiene un fin judicial, sino de saber qué ha sucedido.
También hay actos de reconocimiento de responsabilidades. Tanto el Estado como las FARC han reconocido responsabilidad en violaciones a derechos humanos.
Cuando se está construyendo un proceso de paz, ¿debe sacrificarse un poco la búsqueda de justicia? ¿Cómo se administra este balance?
No hay una fórmula que le diga a uno, tanto por ciento de verdad, tanto por ciento de justicia. La justicia transicional es un mecanismo para superar estos conflictos y en todos ha habido un mayor o menor grado de aplicación de justicia. Esto es importante de entender, este no es un mundo ideal, hay un mundo real y el equilibrio debe lograrse en el máximo de justicia posible que permita la paz. No podemos pretender un estado ideal de las cosas porque no se superaría el conflicto, y se trata de terminarlo. En Colombia se ha partido de la base de entender que hay normas y estándares internacionales que implican una sanción a los responsables de los delitos atroces de lesa humanidad y que cabe la posibilidad de una amnistía para otros delitos y que hay tribunales especiales que van determinando los rangos de hasta dónde de justicia, hasta dónde amnistía.
Yo también soy víctima y quiero dar mi impresión personal. A uno le preguntan si perdona y está de acuerdo, y yo contesto que a mí no me arregla la vida que quien me secuestró se pudra en una cárcel, a mí me la arregla que no haya más secuestros ni más víctimas. Esa es la prioridad, más allá de pensar en cárcel efectiva. Lo fundamental es la paz. Con esa perspectiva hay que construir ese delicado equilibrio.
Y este sentir, ¿qué tan generalizado está?
Es una circunstancia interesante. En mi recorrido por el país dirigiendo la Unidad para las Víctimas he encontrado mayor disposición de las víctimas a la reconciliación que incluso los que no han sido víctimas. Hay más disposición al perdón. Esto me sorprendió mucho porque uno creería que hay resentimiento y rabia, pero en Colombia no ha sido así. Si yo le pregunto a las víctimas encuentro una frase que recoge el sentimiento: “uno no quiere que a otro le pase lo que uno ha vivido”.
Estamos hablando de 246 homicidios, 22 mil secuestros, casi 7 millones de desplazamientos forzados y ellos no quieren que esto pase más. Por eso hay una gran disposición a la paz y la reconciliación. Por otro lado, encuentra uno que tanta afectación ha generado rabia en otros sectores que no han vivido directamente la consecuencia del conflicto y tienen una actitud de que tiene que haber cárcel efectiva.
¿Fue este sentimiento un factor que permitió que esta vez sí se lograra la paz?
En parte sí y es que la decisión que se tomó en la mesa de incluir a las víctimas fue clave. Desde luego que cada víctima quisiera estar ahí, pero a través de foros regionales y un foro nacional, además de una participación de 60 víctimas de distintos hechos, contamos nuestro dolor y hecho victimizante, como yo que estuve secuestrado por las FARC siete años y siete meses, y ahí planteamos la necesidad de la verdad para aclarar estos casos. El acuerdo recoge el principal sentimiento de las víctimas, que estábamos en el centro de los acuerdos. Eso sí, no hay unanimidad, hay pensamientos muy diferentes pero sí ha habido gran disposición.
Démosle vuelta a la pregunta, ¿qué tan difícil habría sido llegar a la paz sin plantear amnistías o jurisdicciones especiales?
No hubiera sido posible porque una cosa es el mundo ideal y otra el real. En la mesa se logró encontrar ese equilibrio entre la necesidad de justicia y el bien supremo que es la paz. Verlo de otra manera no era viable. De hecho, llevábamos 52 años de conflicto sin lograr la paz.
En este proceso, ¿da abasto la institucionalidad para reconocer a las víctimas? ¿Logrará dar abasto cuando se sumen más víctimas a medida que avancen los acuerdos?
Es importante no generar expectativas irreales y luego frustraciones porque se ofreció algo más allá de la capacidad del Estado. Nuestra entidad tiene apenas cinco años y tenemos una tarea que va desde un registro único de víctimas, pasando por atención humanitaria, reparación individual, componente étnico hasta la de articulador del gran sistema nacional de atención a las víctimas. Eso nos ha llevado a una unidad robusta con 22 unidades territoriales, puntos de atención municipales.
La ventaja es que el acuerdo de La Habana fortalece el componente de participación efectiva de las víctimas. El desafío no lo enfrentamos solos, los hacemos partícipes, eso es importante.
¿Cómo se ha tratado, desde este sistema, de superar algunos de los factores que llevaron a la derrota del plebiscito del 2 de octubre?
La Unidad para las Víctimas tiene el desafío de articular las acciones del Estado para las víctimas y favorecer la reconciliación. El país se mostró polarizado en ese plebiscito. Nuestro desafío es superar esa polarización y esas frustraciones y miedos. Un conflicto de más de cincuenta años necesariamente ha causado dolor, heridas profundas y desconfianza en la posibilidad de la paz. Tras cincuenta años, uno no solo tiene el derecho sino casi la obligación de ser pesimista, pero es algo que hay que superar. Ese fue el desafío que enfrentó el presidente (Juan Manuel) Santos y ahora es de toda la sociedad, buscar la reconciliación. Eso se hace en la práctica y en los territorios.
En El Salvador, hace 25 años se firmó la paz pero aún hay mucha confrontación. ¿Qué lecciones han aprendido de casos como el de acá?
Conflictos va a haber siempre, lo que no puede ser es que la solución sea por la vía armada. Esa es la esencia de un acuerdo, lograr que se supere esa victimización que causa el conflicto y se sustituya por un ejercicio democrático. Terminar el conflicto no hace que uno tenga que pensar de forma homogénea. Lo que viene es una argumentación democrática, donde las diferencias no implican secuestrarse, asesinar, torturar o desaparecer.
La gran reflexión de cómo ponerle fin al conflicto es un propósito y la construcción de la paz es el siguiente paso que debe darse de manera incluyente. Esta construcción de paz no puede darse en un día, sino que es un proceso.
Con El Salvador, hemos tenido acercamientos muy importantes. Ha habido presencia en el país de colombianos como Augusto Ramírez Ocampo o Belisario Betancur en su proceso de paz, así como para nosotros el fin del conflicto acá fue un punto de referencia.
¿Cómo blindar un acuerdo para que otra administración no lo haga retroceder?
Más allá del blindaje jurídico y normativo, el principal blindaje que debe darse es entender por parte de la comunidad las bondades que trae el acuerdo. Hay dudas e incertidumbres, pero a medida que se ven los beneficios de la terminación del conflicto, la dejación de armas, el reconocimiento de responsabilidades y la búsqueda de la verdad las comunidades se empiezan a apropiar la idea de la paz. La duda antes de la implementación del acuerdo es si se va a cumplir o no, y en la medida en que se va cumpliendo, las dudas se van a desvanecer.