“A veces me veo en la sala de mi casa”, dice Juan Ramón Toledo. “De repente, otra vez me veo acá”. “Cuando estábamos allá ¿qué nos decían?: ‘¿Por qué no te vas para tu país, mejor? Regresate’. Es parte del racismo, aunque no de todos. Venimos acá y escuchamos: ‘¿Por qué no te regresás, mejor?’”.
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La preocupación por que Donald Trump cumpla la promesa de deportar 3 millones de migrantes indocumentados, tiene en vilo a miles de compatriotas que residen allá y a las familias que reciben sus remesas acá.
George W. Bush, en ocho años, deportó a 2.1 millones de inmigrantes indocumentados. Barack Obama, en un lapso similar, deportó a 2.5; Trump aspira a superar esa cifra en cuatro años.
La política migratoria estadounidense parece no variar sea cual sea el partido que gobierne. Así lo advierte el sociólogo Jaime Rivas, de la Universidad Don Bosco, tras revisar los datos de deportaciones de los últimos años.
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Los presidentes George W. Bush y Obama han deportado 244,043 salvadoreños entre 1999 y octubre de 2016. El 40 % lo deportó Bush y el 60 %, Obama.
“Detrás de los números hay familias”, dice Juan Ramón Toledo, “mi familia se quedó allá”.
Tras vivir 21 años sin papeles en Estados Unidos, capacitarse, trabajar como supervisor en una planta procesadora de carne de cerdo y educar a cuatro hijos – “ellos sí tienen papeles”–, un día de 2013 recibió una carta con membrete del gobierno estadounidense y un ultimátum: tenía 30 días para abandonar el país; de lo contrario, sería enviado a prisión. Sin que él lo supiera, un compañero de trabajo lo había denunciado.
Ahora es parte de Renaceres, una organización que busca conseguir que los deportados realmente se reintegren a la sociedad salvadoreña.
Toledo vio cómo en 2014 hubo un repunte de deportaciones. Ese año volvieron por vía aérea 28,942 salvadoreños (desde EE. UU.) y por vía terrestre (desde México) 22,317.
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Los adultos que venían en los vuelos federales no eran solo salvadoreños interceptados en la frontera sur de Estados Unidos por la Patrulla Fronteriza, sino también, salvadoreños que tenían 15, 20 o 25 años de vivir allá.
Algunos de estos retornados vinieron a vivir solos y con limitaciones económicas, porque sus hijos, sus mujeres, sus casas y sus negocios se quedaron allá.
Un día, Toledo fue invitado a una entrevista en la Televisión Legislativa de El Salvador. Quien lo entrevistó lo vio y dijo: “No, yo no quiero a un deportado así como usted. Usted es más dirigente. Yo quiero a alguien que haya sufrido”.
“¡Fíjese hasta dónde llega la gente!”, dice indignado. Lo que el entrevistador quería, supone Toledo, es ver el estereotipo del deportado: “Alguien desharrapado, malhablado, despeinado, sufrido… ¡Y no es así! La gente nos estereotipa y es un estigma”.
Con ese estigma lidian Toledo y los casi 20 mil deportados que llegan en promedio desde Estados Unidos cada año desde 2007, año en el que las deportaciones de salvadoreños repentinamente se duplicaron: pasando de 11,060 en 2006 a 20,045.
Esto ocurrió durante el gobierno de George W. Bush. En 2008 el número de deportaciones fue similar; en 2009 creció un 4 %; de 2010 a 2011 hubo descensos del 5 % y del 12 % respectivamente. Pero a partir de 2012 las deportaciones de salvadoreños empezaron a aumentar: 9 % ese año, 10 % en 2013 y 28 % en 2014.
La otra crisis migratoria
Antes de que Obama hablara de crisis por el gran número de niños y adolescentes no acompañados que cruzó la frontera sur de Estados Unidos en 2014, Washington escuchó el reclamo de los activistas defensores de inmigrantes porque se estaba echando del país a ciudadanos que habían aportado trabajo, impuestos y toda una vida de aportes a la sociedad estadounidense.
Amparo Marroquín, catedrática de la UCA e investigadora del tema migratorio, señala que para algunos de esos activistas, la crisis de los niños migrantes “fue una crisis administrada”, que obligó a muchos de ellos a abandonar Washington para viajar a la frontera sur.
Con esa crisis, Washington empezó a hablar de sacar inmediatamente del país a quienes entraran de forma ilegal.
Para 2015, hubo 7,190 deportados menos desde Estados Unidos, pero 8,088 deportados más desde México. Desde ambos países, El Salvador recibió 51,259 deportados en 2014 y 52,157 en 2015. Esto representa el doble de los 25,843 que recibió en 2011.
¿Qué les espera a los retornados? Marroquín afirma: “La sociedad salvadoreña les ofrece poco arraigo, pero a su vez son expulsados de la otra sociedad para la cual han estado trabajando”.
Toledo, quien se especializó en seguridad y sicología industrial, cree que los retornados necesitan que los títulos y certificados obtenidos en Estados Unidos sean convalidados aquí. Él dice haber acudido al Consejo Superior de Salud Pública a pedir eso, pero la respuesta que escuchó decir a un funcionario fue: “La Ley no lo permite”.
Pese a haberse capacitado y trabajado como supervisor en una planta procesadora de carne de cerdo, no ha conseguido empleo: ni en una cadena de supermercados ni en dos fábricas.
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Como en la oferta de empleo se solicitaba a alguien bilingüe, él presentó su currículum en inglés. Quien lo entrevistó le reclamó por eso:
–¡Pero este currículum está todo en Inglés!
-Lo traje así porque ustedes pedían una persona bilingüe.
Después, el entrevistador le preguntó su edad. Al responder que tenía 57 años, Toledo escuchó una frase que lo sorprendió: “¡Ah, aquí, hasta 45!”.
Ese primer revés no lo desanimó. Llevó sus certificados y su currículum a una fábrica de jugos:
-¿Cuántos años tiene?
-Cincuenta y siete.
-No, lo siento. Aquí queremos gente de 25 a 35 de edad.
Como tercer intento, llevó su currículum a una fábrica de bolsas plásticas.
-Mire, pero aquí pagamos como $250 al mes.
-No importa–, dijo. “A mí no me importaba ganar miles, lo que quería era compartir mi conocimiento, para demostrarles mi capacidad”, asegura pese a que en Estados Unidos tenía un salario de $4,500 mensuales.
Aunque dijo “sí” a la oferta monetaria, su edad sirvió como motivo para no contratarlo.
Las dificultades para conseguir un empleo, han hecho que en Renaceres, la organización de deportados a la que pertenece, se esté preparando una propuesta de reforma al artículo 2 de la Constitución, que garantiza el derecho al trabajo, para que la edad no sea motivo de discriminación para acceder a un empleo.
Obstáculos a la reinserción
Sin un patrono, Toledo y otros deportados se han convertido en microempresarios. Él tiene una granja de pollos en cerca de la laguna de Ahuachapán. Pero parte de su tiempo lo dedica a promover la reinserción de los deportados desde Renaceres.
“Hemos propuesto que el programa de reinserción sea local. ¿Cómo va a venir uno de Chirilagua a San Salvador a recibir una capacitación? ¡Si uno viene sin dinero. El municipio tiene que saber cuántos deportados tiene. Pero en concordancia con un plan nacional de reinserción”.Ese plan, según Toledo, no existe.
En julio, el gobierno lanzó un plan, por un monto de 264 mil dólares, que sería desarrollado en los municipios de Jiquilisco, Santa Elena, Ozatlán y Usulután durante seis meses. Tras ser capacitados y evaluados por Insaforp, 63 retornados recibieron $1,500 para iniciar sus negocios. Además, Cancillería tiene ventanillas en el Aeropuerto Internacional y en cinco departamentos para atender a los retornados. Eso, para Toledo, es insuficiente.
El año pasado vinieron 52 mil deportados de México y Estados Unidos. Toledo se pregunta: “¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¡Nadie sabe nada! ¿Por qué? Porque hay una indiferencia gubernamental, porque no hay un programa real de reinserción”.
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