Las personas que se encuentren con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y que quieran mantener una relación permanente o eventual con su pareja, deberá informarle su condición de portador del virus, según ha quedado establecido en una nueva ley del país.
La Asamblea Legislativa aprobó en la sesión plenaria, del miércoles de esta semana, la nueva Ley de Prevención y Control de la Infección provocada por el Virus de Inmunodeficiencia Humana.
La normativa fue calificada por la Asociación Atlacatl Vivo Positivo como “un retroceso” en la defensa de los derechos humanos de estas personas. En el apartado que se refiere al Deber de comunicar, el artículo 15 inciso tercero de la normativa establece que “toda persona que haya sido notificada de su condición serológica, está obligada a comunicarle tal situación a su pareja, ya sea permanente o eventual”, expone.
El director de la Asociación Atlacatl, Odir Miranda, aseguró que la ley está criminalizando a las personas con VIH positivo “porque nos está obligando a revelar que somos VIH positivo; lo otro es que yo puedo acusar a una persona y decir que me infectó y no tengo la manera de probar si fue ella u otra”, expuso Miranda.
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Agregó que otra de las desventajas en la que los expone la nueva normativa es que al obligarlos a decir que tienen el virus, no son sujetos a obtener viviendas, un seguro de vida y difícilmente les dan empleo, explicó
Ese aspecto dentro de la ley es muy grave, dice Miranda, porque no pueden exponerse a tener una normativa que, en vez de ayudar a la defensa de los Derechos Humanos de las personas VIH positiva, va a criminalizarlos, aseguró.
La Asociación Atlacatl criticó que el ente rector de la normativa sea el Ministerio de Salud, tal como quedó plasmado en el artículo 3 de la nueva ley. Mirando cuestiona ese hecho porque, según él, el Salud es juez y parte dentro de sus funciones.
Agregó que la cartera estatal, como organismo rector, no será imparcial al momento de imponer sanciones por denuncias contra discriminación en los hospitales de la red pública y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social.
“Existen muchas denuncias de discriminación que hemos puesto contra los hospitales y hasta ahora no se ha hecho nada”, lamentó Miranda.
Pare él, prácticamente la ley no tiene nada nuevo, es más, estaba mejor la que fue derogada porque les garantizaba mejor sus derechos, dijo.
Lo único que hizo la Comisión de Salud Pública de la Asamblea Legislativa con la nueva normativa, y aprobada por el pleno, fue darle facultades al Ministerio de Salud y cambiar el nombre de la Comisión Nacional contra el Sida (Conasida) por el de Comisión Nacional Contra el VIH (Conavih).
Según él, la ley la han querido vender con un enfoque de derechos humanos, pero no lo tiene porque han dejado afuera al Ministerio de Trabajo y al de Educación, quienes son parte de los entes principales en la respuesta nacional contra el VIH.
La Comisión Nacional contra el VIH está conformada por el Ministerio de Salud, Consejo Superior de Salud Pública (CSSP), Ministerio de Relaciones Exteriores, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), las Asociaciones y Fundaciones cuyo objetivo sea la prevención de la enfermedad, Colegio Médico, la Secretaría de Inclusión Social y el Instituto Nacional de la Juventud.
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Cuando se discutió el anteproyecto de la ley que se aprobó el miércoles, la Asociación Atlacatl propuso que en ente rector fuese una institución desligada del Ministerio de Salud porque el enfoque que buscaban era una participación multisectorial en donde estuviese la Fiscalía General de la República, Corte Suprema de Justicia, entre otros.
Con ese marco de desventaja, según Miranda, pedirán al presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, que vete la nueva ley porque da un mensaje negativo del país en la respuesta al VIH.
Miranda tildó la normativa como un retraso a lo que se había logrado en cuanto a la lucha y respuesta a la enfermedad. “Vamos hacer acciones hacia Casa Presidencial para que no la sancione”, aseguró. Incluso, dijo que podrían acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar la normativa.
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