En los últimos seis años, en los Gobiernos del FMLN, las autoridades han llevado a cabo no menos de cinco estrategias con las que han intentado combatir la delincuencia, prevenir la violencia y reducir los homicidios, cuya incidencia llegó a ubicar a El Salvador entre las países más violentos del mundo, al registrar cerca de 70 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Por ejemplo, las más recientes medidas implementadas por el gobierno, no impidieron que en dos años y medio del mandato de Sánchez Cerén fueran ultimadas 14,019 personas.
A la par de esa alta mortandad, se experimentó incremento de las extorsiones según denuncias de empresarios y comerciantes afiliados a la ANEP, el éxodo de familias por amenazas de las pandillas, el aumento de la migración de niños y jóvenes a Estados Unidos (17,500 menores viajando solos detenidos por Migración , en el año fiscal 2016).
Curiosamente Sánchez Cerén y su predecesor han recibido una mayor cantidad de fondos para ese rubro.
Otras acciones no dieron los resultados esperados; otras funcionaron unos meses pero las autoridades no lograron que fueran sostenidas en el tiempo.
Por ejemplo cuando Funes en 2012 avaló que su gobierno apoyara la tregua entre pandilleros, si bien se arropó los resultados de baja en homicidios desde 14 a 5 por día, pero en ese período hasta 2013 se incrementaron las cifras de personas desaparecidas.Según datos de las Policía, desde 2010 hasta 2016 han desaparecido 10,800 salvadoreños.
Hubo planes en los que se involucrarían varias instituciones (Alcaldías, organizaciones comunales, sin fines de lucro, entre otras) a las que el Ejecutivo les desembolsaría dinero para proyectos de prevención y de reinserción de pandilleros.
Estos proyectos fueron anunciados con la certeza de que reducirían el índice criminal. Pero al pasar los días las instituciones no recibieron los fondos para llevarlos a cabo (o fueron insuficientes) y los planes quedaron en el olvido.
En reiteradas ocasiones, organismos, especialistas y diputados como Rodrigo Avila, exdirector policial, han sostenido que algunas de estas acciones (como la tregua) solo sirvieron para fortalecer a los grupos delincuenciales.
El mismo Instituto Universitario de Opinión Pública, (IUDOP) de la UCA señaló en mayo 2013, que el 41.3% d e la población señalaba que la delincuencia “ha aumentado”, 34.9% que “ha disminuido” y solo 23.8% que “sigue igual”.
Ese estudio indicó que el 72.6% de los salvadoreños consideró que la “tregua” con las maras Salvatrucha y 18, y en la que el Gobierno era “facilitador”, poco o nada había disminuido la violencia. Los pandilleros, según se informó, es que cesarían las hostilidades entre ellos y no atentarían contra la ciudadanía. No obstante, los delincuentes no se comprometieron a dejar de cometer extorsiones.
El presidente Funes anunció que el Gobierno desembolsaría 33 millones de dólares para que en estos municipios se crearan centros de capacitación para el trabajo y el financiamiento de proyectos productivos para incorporar a los pandilleros a que renunciaran a los homicidios, extorsiones y otros delitos.
Prohibición de armas en municipios violentos
En octubre de 2010, el Ministerio de Seguridad Pública, el Consejo Nacional de Seguridad Pública y la Alcaldía de San Salvador, junto al Sistema de las Naciones Unidas, adoptaron la campaña “Yo decido vivir en paz”.
Las acciones propuestas para reducir la violencia fueron las vedas (prohibición) de armas de fuego y campañas de fiscalización y decomiso de las mismas.
En julio de 2011, el entonces presidente de la República, Mauricio Funes, decretó la veda de armas de fuego en 27 municipios considerados muy violentos.
Durante 60 días, la medida se llevó a cabo en San Salvador, Sonsonate, Santa Ana, Usulután, La Paz, Cuscatlán, Ahuachapán y La Libertad, que según los registros de la Policía Nacional Civil tenían altos índices delincuenciales.
Esta prohibición fue decretada en Izalco, Sonsonate, San Antonio del Monte, Sonzacate, Acajutla y Armenia.
Esa veda también se desarrolló en San Salvador, Ayutuxtepeque, Mejicanos, Panchimalco, Apopa, Ciudad Delgado, Soyapango y San Martín. Las autoridades manifestaron que con la veda pretendían reducir los hechos violentos, ya que el 80% de los homicidios registrados en el país eran cometidos con arma de fuego. La prohibición se basó el artículo 62-A de la Ley de control y regulación de armas, explosivos, munición y artículos similares.
Ese año fueron asesinadas 4,354 salvadoreños, una tasa de 11 homicidios por día.
Tres meses antes, en abril de 2011, el Ministerio de Seguridad realizó otra veda (en igual número de municipios) que coincidió con las vacaciones de Semana Santa.
Al terminar el asueto (del 16 al 24 de abril) las autoridades admitieron que en ese lapso hubo dos homicidios más que los registrados en el mismo periodo de 2010.
El ministro de Justicia, Mauricio Ramírez Landaverde, quien entonces era subdirector de la Policía, admitió que en los lugares donde las autoridades concentraron esfuerzos no hubo incidentes, no así en las zonas donde tradicionalmente no registraban hechos delincuenciales.
Meses después, algunos alcaldes denunciaron que esa entrega de dinero había quedado solo en promesa.
A esto se sumó que, en marzo de 2014, tras registrar un repunte de muertes violentas a nivel nacional, las autoridades dieron por hecho que la supuesta tregua había terminado.
En julio pasado, durante la Operación Jaque (que permitió capturar a un centenar de pandilleros y desbaratar los negocios que tenían para financiar a la agrupación) la Fiscalía reveló algunos detalles de los beneficios que el Gobierno de Funes les dio a las maras durante la tregua.
Entre estos estaba el traslado de cabecillas del penal de máxima seguridad a cárceles comunes; la entrega de elevadas sumas de dinero (hasta más de 200 mil dólares); ingreso de objetos prohibidos y la organización de fiestas con bailarinas para entretener a los reclusos.
En los últimos dos años y medio de gobierno, se tuvo en El Salvador las cifras más elevadas de homicidios: 6,640 en 2015 y este año ya supera los 5,000 muertes violentas.
Este año también se apunta a cerrar con más de 600 enfrentamientos entre policías y soldados contra pandilleros, pese a que se habla de prevención del delito y la violencia.
CIFRAS
$33
Millones ofreció el Gobierno de Mauricio Funes para apoyar los municipios libres de violencia. Alcaldes dijeron que no recibieron el dinero.
$200,000
Habría entregado el Estado a cabecillas de las pandillas en el marco de la tregua a cambio de que redujeran los homicidios en el país.