Los propietarios de los inmuebles que son arrendados por la Policía Nacional Civil (PNC) para que funcionen delegaciones, puestos policiales y oficinas administrativas se encuentran desesperados porque la corporación policial les adeuda ocho meses de alquiler de esos locales.
Lo preocupante, según ellos, es que no ven claro de que el Gobierno les vaya a cancelar las deudas antes de que termine el año ni tampoco les han dado una fecha de pago. Agregaron que ellos tienen compromisos financieros con el Ministerio de Hacienda, con alcaldías y hasta con el sistema bancario.
Los denunciantes se quejaron de que el atraso en el pago de los alquileres por parte de la Policía les ha generado mora en sus pagos con el IVA, pago a cuenta, impuestos municipales y hasta préstamos bancarios.
Algunos arrendatarios han tenido que incurrir en gastos extra para solventar el IVA, los impuestos con las diversas alcaldías y deudas bancarias. Algunos de los arrendatarios están pensando en acudir a los tribunales de justicia para demandar a las autoridades policiales para que les paguen lo que les deben o desocupen los inmuebles.
Un informe de la Oficina de la Información Pública de la PNC detalla que las autoridades policiales le adeudaban más de 1.6 millones de dólares a los dueños de edificios, casas o locales. Esa deuda correspondía solo a cinco meses de retraso en el pago, es decir, hasta septiembre pasado.
La referida oficina detalla que la Policía tiene que pagar 5 millones 29,538 dólares anuales por arrendar 363 inmuebles donde funcionan puestos policiales y oficinas administrativas de la corporación.
“Este gobierno incumple los contratos, no hay un Estado de Derecho en este país, porque el gobierno incumple con sus compromisos financieros”, dijo Daniel, quien alquila un edificio en el departamento de Santa Ana.
Agregó que “este gobierno para cobrar más impuestos es bueno, pero para cumplir con sus deudas es irresponsable”, dijo Daniel, quien está pensando en acudir a la empresa de la energía eléctrica para ordenar que suspendan el servicio de electricidad en el inmueble donde funciona la Policía para forzar al desalojo.
Se le consultó al subdirector de Finanzas y Administración de la Policía comisionado Evaristo Padilla, pero se limitó a decir que desconocía si el Ministerio de Hacienda había erogado el dinero para el pago de los alquileres