El asesinato de los ganaderos María Alejandra Morales Ramírez, de 19 años, y su compañero Francisco Israel Durán, de 21, ambos residentes en el cantón San Francisco Iraheta, Ilobasco, es la ilustración más cruda de la impotencia, la angustia y la frustración que rodean a diario a muchos micro y pequeños empresarios de El Salvador víctimas de extorsión, en la mayoría de casos por las pandillas.
Un pariente dijo que las víctimas eran ganaderos de la zona de El Chaparral y los pandilleros los mataron porque se negaron a pagarles la “renta” de mil dólares mensuales que les impusieron.
Otros afectados consultados en otros sitios, que pidieron reservar su identidad, coinciden en que no tienen otra salida más que acceder a los chantajes, en busca de su seguridad y la de su familia, y con tal de que les permitan trabajar. “En mi caso, la policía se llevó al cabecilla que molestaba, pero después siguió extorsionando la esposa de este y luego que cayó ella, ahora, ya vino otro nuevo”, narró una de las víctimas.
LEA ADEMÁS: Pandilla asesina a pareja de Cabañas por no pagar $1,000
Una encuesta publicada en junio por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) señala la extorsión como uno de los delitos que más afecta a la micro y pequeña empresa (mype) y frena el desarrollo económico de este sector, que genera empleo para más de 1.5 millones de salvadoreños.
El estudio destaca dos tipos de extorsión de los que son víctimas los micro y los pequeño empresarios. El primero de estos es la extorsión en la cual la víctima tiene un contacto directo con el victimario y a la que el estudio clasifica como “sistemática”. El segundo tipo de extorsión es la anónima, la que se lleva a cabo a través de llamadas telefónicas o el envío de mensajes denominada “oportunista”.
Uno de los principales hallazgos es que más de la mitad de la mype reporta ser víctima de la extorsión cara a cara, y en un menor porcentaje, de la extorsión telefónica, contrario a lo que sostienen la Fiscalía y la PNC.
Ernesto (nombre ficticio) tenía una tienda en una zona comercial, donde pandilleros exigían a los propietarios de los negocios cancelar entre $50 y $100 mensuales “a cambio de dejarlos trabajar con tranquilidad”. Él asegura que los delincuentes acostumbraban merodear los lugares para observar qué tantas personas llegaban a comprar.
Desde hace ocho meses, él tuvo que cerrar el negocio que le permitió sostener a su familia por varios años, pues, además del pago mensual, tenía que entregar mercadería casi a diario a los sujetos que llegaban a pedirla con el pretexto de que “iban a hacer una actividad”. A eso se sumaba el “aguinaldo” que exigían al final del año.
Ernesto era víctima de extorsión “sistemática”, pues tenía contacto directo con sus victimarios, como plantea el estudio de Fusades.
También, el análisis descarta que este delito sea cometido en su mayoría de veces desde los centros penales.
“El estudio confirma algunas de las cosas que se dicen, como que este (delito) se relaciona con las pandillas, pero también contradice otras, como que todas las extorsiones son a través del celular”, expuso la directora del Centro de Investigación y Estadísticas de Fusades, Margarita Beneke de Sanfeliú. Agregó que el estudio brinda algunas recomendaciones para que la estrategia gubernamental pueda aplicarse a la mype.
Afectados versus denuncias
La investigación se desarrolló entre febrero y marzo de este año en 3,977 negocios de todo el país, de los cuales 869 afirmaron ser extorsionados por pandilleros. Es decir, el 22 % de las micro y pequeñas empresas que colaboraron en el estudio pagó a chantajistas, al menos durante los 12 meses previos al estudio.
El 15 % de los afectados presentó una denuncia ante las autoridades y el 85 % prefirió no hacerlo.
El año pasado, la Policía Nacional Civil (PNC) recibió 2,121 denuncias por extorsión, lo que significó para la institución una disminución del 13 % respecto a 2014, cuando hubo 2,438. La tendencia ha venido a la baja desde 2013, detalló el reporte policial retomado en la investigación.
Cifras obtenidas por El Diario de Hoy, a través de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la PNC, indican que de enero a agosto de 2016 hubo 1,516 denuncias; la mayoría provenientes de los departamento de San Salvador y San Miguel y de sus cabeceras departamentales.
Aunque la PNC ha recibido menos denuncias, según la encuesta de Fusades, los micro y pequeños empresarios coinciden en que la reducción de las denuncias se debe a que ellos optan por no acudir a las autoridades. El motivo más frecuente, por el que no denuncian la extorsión es por “miedo a represalias”.
“No tuve de otra que cerrar la tienda, ya no aguanté la presión y no me hallé en valor de denunciar, temía por mi vida y la de mi familia. Cuando me atrasaba en el pago, los mareros llegaban a la tienda y hasta me llamaban por teléfono”, contó Ernesto.
“Las grandes y medianas (empresas) denuncian más, las micro y pequeñas denuncian menos por miedo, (porque) ahí están a sus alrededor los extorsionistas. Para la Mype es más problema del territorio”, afirmó Beneke.
Según el estudio, la extorsión por teléfono (oportunista) es más denunciada que la directa (sistemática).
Guillermo Guidos, presidente de la Unión de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Unión Mipymes), considera que el problema de las extorsiones no ha mejorado para el sector y cuestionó el trabajo de las autoridades al no compartir los datos oficiales.
Recordó que la Asociación de la Empresa Privada (ANEP) entregó al Gobierno un paquete de propuestas para combatir el alto índice de delincuencia en el país, el cual fue elaborado por el exalcalde de Nueva York y especialista en temas de seguridad Rudolph Giuliani. Propuestas que aún no han sido implementadas.
“Cuando lo que ve es que (un comerciante) puso la denuncia, arriesgó su vida y a la semana ya están de regreso (los extorsionistas), entonces se corre la voz de que no vale la pena que se arriesgue la vida”, afirmó Guidos.
“Hay mucho que trabajar todavía para poder creer en las cifras, porque cuando la gente vea que de verdad están limpiando las colonias y que los mareros y que los delincuentes no regresan, entonces van a comenzar a creer y va a poner denuncias”, añadió.
Datos de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre denuncias recibidas de extorsión reflejan una disminución en el periodo del 2012 al 30 de agosto de 2016.
“El fenómeno es complejo y yo puedo garantizar que es uno de los delitos en los que más se ha invertido para tratarlo mejor”, indicó Allan Hernández, director de Áreas Especializadas de la Fiscalía.
El ministerio público atribuye la baja en denuncias recibidas al trabajo en conjunto con la PNC y descarta que sea “por falta de confianza” en la autoridad.
Al preguntarle si la disminución en el número de denuncias se debe al miedo respondió: “Esa es una probabilidad; pero también, por cada persona que tiene el valor de denunciar, se resuelven muchos casos que no se conocen; porque, si se detiene a una estructura, arregla la zona”, explicó Hernández.
Añadió que la mayoría de denuncias que recibe el ministerio público se relacionan con extorsiones por teléfono.
Los negocios más asediados por la extorsión en general son los comercios, seguidos por el sector servicios, las tiendas y los comedores. Sin embargo, la extorsión sistemática afecta más a los comedores y al sector servicios.
Según la investigación de Fusades, los delincuentes se identifican desde un principio como pandilleros y exigen dinero, bienes o servicios de la empresa; a veces, recargas para teléfonos celulares.
La mayoría de víctimas de chantajes dijeron que pagaban la extorsión semanal o mensualmente. De no cancelar lo solicitado por los delincuentes, la amenaza más frecuente es que ellos atenten contra la vida de la víctima o de sus familiares. En segundo lugar, sufrir agresiones físicas y robos.
Con tal de pagar la extorsión, los afectados se ven ante otros problemas. “A veces no pueden pagar los impuestos, el Seguro Social o lo que haya que pagar, porque están pagando a los mareros. Todo esto es un daño que se le causa a la economía, a la sociedad”, concluye Guidos.
Entre tanto, algunas de las víctimas lamentan que el esfuerzo de las autoridades por detener la extorsión todavía no les inspire tanta confianza como para denunciar sin temor. Muchos de los micro y pequeños empresarios, al verse acorralados por chantajistas, no tienen más opción que cerrar sus negocios y despedir personal. La desesperación de algunos llega a ser tal, que optan por irse del país.