En su afán por ayudar al socio nicaragüense a evadir el control de la Asamblea Nacional, el socio venezolano cometió un error que podría pagar muy caro, al permitir que Daniel Ortega manejara a través de la Caja Rural Nacional (Caruna), los fondos destinados a financiar los proyectos productivos y los programas sociales que debía impulsar Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa).
Una decena de informes de la asesoría jurídica de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), en poder del diario digital nicaragüense Confidencial, mostraron la preocupación existente entre el liderazgo político y los abogados de la empresa, que no tenían certeza legal de que podrían recuperar los fondos entregados a Albanisa.
La más inquietante de las conclusiones a las que llegaron los venezolanos es que existe una “violación del Acuerdo”, de cooperación petrolera firmado por Hugo Chávez y Daniel Ortega, que mandaba crear un ‘Fondo Alba’ para administrar los recursos, pero también, por el uso que Albanisa estaba dando a esos fondos.
“Más allá de lo financiero y de los informes que pudieran obtenerse, nos interesa garantizar el retorno de estos recursos”, especificaban los asesores jurídicos de Rafael Ramírez, ministro de Petróleo y Minería de Venezuela.
El retorno del dinero estaba en completa duda, por el simple hecho de que Venezuela esperaba que Nicaragua le entregara ‘garantías soberanas’ (pagarés, recibos, documentos oficiales que el país tiene que pagar pase lo que pase, porque están respaldados por el Tesoro de la República). En vez de eso, recibieron pagarés emitidos por Caruna, “una cooperativa que ni siquiera goza de prestigio”, según los documentos.
“Se esperaba una garantía soberana, sin embargo, se reciben unos pagarés emitidos por Caruna”, añaden los abogados venezolanos, que instan a su gobierno a exigir que Managua emita documentos soberanos para respaldar la deuda, y que se ponga orden en la forma en que administran los recursos los hombres de confianza de Daniel Ortega en Albanisa.
Por si no pudieran recuperar el dinero, Venezuela ordenó sacar a Caruna del esquema de administración de los recursos y confiarlos a su propia entidad bancaria: el Banco Corporativo, creado recientemente, con la misión principal de asegurar el control sobre la millonaria deuda, y garantizar que se use correcta y rentablemente.
La asesoría legal venezolana también estaba preocupada porque los nuevos contratos propuestos para sustituir a los que estaban en vigencia en ese momento, dejaban abierta la puerta para que les cargaran “todo el basurero de los costos operativos del megamonstruo burocrático de Albanisa para que los pague PDVSA.
De paso, también se criticó el hecho que se destinara 38 % de los recursos para financiar proyectos sociales, por considerarlo “un costo de administración exorbitantemente caro. Estos costos suelen estar por el orden de 0,5 % y para lo grande de los fondos podría ser aún menor y ser suficiente para pagar los verdaderos costos de administración”, dice uno de los documentos.
Aunque las autoridades del FSLN siempre dijeron (y siguen diciendo) que la fortuna que Venezuela entregó a Albanisa es una deuda privada, los venezolanos están seguros de que no es así, considerando que la deuda surge de un acuerdo firmado por los dos jefes de Estado, y ratificados por las asambleas nacionales de ambos países, lo que explica que exijan que se les entregue garantías soberanas, y se les dé el control sobre los recursos, lo que finalmente lograron al sacar del juego a Caruna, y entregar el dinero al banco que constituyeron en Managua.
Triangulando alimentos
Pensando en ayudar más al socio nicaragüense, Venezuela instituyó un denominado ‘Mecanismo de Compensación Comercial’, por medio del cual autorizaba a que Albanisa le pagara una parte de la deuda con alimentos, siempre y cuando los envíos ocurrieran a pedido de Venezuela, y que fueran producidos y adquiridos localmente para incentivar las capacidades productivas de Nicaragua.
La asesoría jurídica venezolana comprobó que en abril de 2013, Alba Alimentos de Nicaragua S.A. (la empresa exportadora creada por Albanisa, les había enviado caraotas (frijoles negros) argentinas, azúcar brasileña, aceite hondureño, novillos guatemaltecos y café salvadoreño.
“Esta triangulación vulnera los principios de Petrocaribe de promover la producción nacional en los países beneficiarios y eliminar la intermediación. La Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL), ha manifestado la necesidad que los productos a compensar por los países sean originarios de los mismos”, señala el informe de la asesoría legal de PDVSA.
Representantes de los gremios que producen y exportan frijoles, carne, café y azúcar, negaron que en algún momento hubiera habido carencia de esos productos en el país, como para justificar la necesidad de salir a comprarlos en el extranjero para abonar a la deuda con Venezuela.
La razón entonces, parece ser simplemente lograr más ganancias, aunque con eso se rompiera otro elemento de los acuerdos Chávez-Ortega.
Aunque Albanisa no hizo ningún comentario al respecto, una catedrática que enseña Comercio Internacional en una importante universidad de Managua, comentó que “es normal que si uno tiene que entregar un tipo de alimento, busque cómo comprarlo en donde esté más barato y lo entregue en pago, porque lo que importa es cumplir los contratos”.
A pesar de la lógica comercial de ese argumento, la triangulación de los alimentos cumplió los contratos pero incumplió el espíritu de los acuerdos entre ambos mandatarios, por lo que la asesoría jurídica sugirió al liderazgo político de PDVSA “establecer que todas las compensaciones se realicen sin permitir triangulaciones”, a menos que fuera la misma Venezuela la que aprobara de previo alguna excepción a ese requisito.