Habitantes del cantón San Antonio las Iglesias, de San Miguel, han bloqueado esta mañana el acceso al lugar donde se construye la presa El Chaparral.
Los lugareños exigen reunirse con autoridades de CEL (Comisión ejecutiva hidroeléctrica del Río Lempa) y de las empresas contratistas, porque afirman que no les han cumplido la promesa de construirles obras de interés social, pese a las cartas que han enviado a la autónoma para recordarles el cumplimiento de lo prometido.
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Indican que los principales problemas sociales que enfrentan es el manejo de los desechos de la presa, porque terminan contaminando la zona y que no han electrificado algunos caseríos aledaños. Además denuncian que no hay un proceso de contratación que involucre a las comunidades y que las personas que están trabajando en el proyecto tienen bajos salarios y no les dan las mismas prestaciones que otros trabajadores.
Foto/ Mauricio Cáceres
CEL ejecuta actualmente seis contratos para continuar con la construcción de la represa El Chaparral, un proyecto de generación de energía por el que el anterior gobierno terminó pagando $108.5 millones a la constructora italiana, pese a que dejó abandonados los trabajos.
Habitantes de zonas aledañas al proyecto El Chaparral bloquean acceso al sitio de construcción. Fotos: J. Morales pic.twitter.com/whH2RpaPnn
— elsalvador.com (@elsalvadorcom) 10 de agosto de 2016
Lo que se pagó, según la oposición política, no correspondía a las obras realizadas e incluso denunció que hubo un sobreprecio de $28.5 millones que CEL pagó a la firma italiana, la cual ya había recibido casi $80 millones anticipadamente, lo cual hace un total de $108.5 millones.
El expresidente Mauricio Funes defendió ese millonario arreglo por una obra inconclusa, diciendo que fue “para evitar un arbitraje internacional que le pudo salir más caro al país”.
La actual administración de CEL ha retomado el proyecto de la presa bajo una nueva modalidad de múltiples contratos para evitar los problemas que generó el anterior esquema “llave en mano” con Astaldi, el cual obligaba al contratista a ejecutar el 100 % de la obra con los precios acordados, es decir que impide que haya incremento de precios o pago adicionales.