Luego de una jornada que incluyó al menos cuatro recesos, la jueza del Juzgado Séptimo de Paz decidió anoche interrumpir la audiencia inicial contra el empresario Enrique Rais, el exfiscal general Luis Martínez y siete implicados más en una serie de delitos por los que fueron capturados el lunes anterior por orden de la Fiscalía General de la República (FGR).
Hoy, a partir de las 9:00 a.m. continuará la diligencia, en la cual determinará si envía el proceso a la fase de instrucción y a los nueve imputados prisión preventiva o los absuelve de los delitos que les imputan.
@elsalvadorcom Finaliza primer día de audiencia inicial contra exfiscal general y Enrique Rais. pic.twitter.com/A6o69TEaW9
— @jaimelopez65 (@jaimelopez65) 27 de agosto de 2016
Ayer, en los primeros minutos, la Fiscalía dejó claro ante la jueza Evelyn Jiménez, titular del Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador, que querían que se les permitiera escuchar las grabaciones de llamadas telefónicas, hechas a través del Centro de Intervención de Telecomunicaciones de la FGR.
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“Este caso se sustenta y fundamenta en gran parte en intervenciones telefónicas”, explicó una miembro del equipo de seis fiscales de la Unidad Contra Crimen Organizado que ha pedido que los nueve imputados presentes, entre estos su exjefe, sean enviados a prisión preventiva y que el caso pase a la fase de instrucción.
Quizá previendo que la audiencia inicial avanzaría rápido, la Fiscalía llevó a un técnico del Centro de Intervención de Telecomunicaciones con el equipo y las instrucciones necesarias para reproducir los audios, diez en total.
Sin embargo, se llegaron las 5:00 de la tarde y la jueza aún no había decidido sobre la solicitud de la Fiscalía que, obviamente, fue objetada por todos, más de una docena, los abogados defensores de los imputados.
La fiscalía insistió en que era importante escuchar los audios para que la defensa de los imputados y la sociedad tuviera conocimiento cómo es que la Fiscalía ha llegado a establecer la participación de cada imputado.
La jueza negó la petición de la Fiscalía respecto de escuchar los diez audios. La Fiscalía apeló anoche mismo la decisión judicial.
Seis fiscales más una abogada particular.
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La otra novedad durante la audiencia fue que la Fiscalía pidió a la jueza que se tuviera como parte querellante a la abogada Martha María Deleón, quien es la apoderada legal de Claudia María Herrera Díaz, la esposa del abogado Mario Ricardo Calderón Castillo, exsocio de Enrique Rais quien lo denunció por el delito de extorsión, por lo cual está en prisión preventiva en el centro penal de Metapán, Santa Ana.
La Fiscalía pidió que a Herrera Díaz se le tenga como víctima en uno de los casos en el cual se le atribuye el delito de prevaricato (dictar una resolución aún sabiendo que es injusta) al imputado Romeo Aurora Giammattei, cuando fungía como titular del Juzgado Noveno de Paz de San Salvador.
De acuerdo con la Fiscalía, Giammattei envió a prisión preventiva y ordenó que se continuara instruyendo un proceso judicial contra Herrera Díaz a pesar de saber que había pruebas que eran fabricadas.
En ese mismo caso está involucrado el exjuez suplente del juzgado del cual Giammattei era propietario. Este fue identificado por la Fiscalía como Mauricio Antonio Álvarez Gálvez.
El exjuez suplente, según la FGR, habría aceptado recibir dinero por celebrar la audiencia contra Herrera Díaz, a quien enviaría a prisión preventiva, lo cual ya habían acordado con el empresario Enrique Rais y uno de sus abogados Wilfredo Ernesto Gutiérrez Ayala. Por lo anterior, éstos últimos han sido acusados del delito de cohecho propio (dar soborno a un funcionario para obtener un favor).
De acuerdo con la Fiscalía, la comerciante Herrera Díaz es la víctima, quien sufrió los efectos de los delitos que se le atribuyen a esos cuatro acusados.
Alegan que sus capturas fueron ilegales
Entre los nueve acusados presentes en la audiencia inicial hay varios abogados. Al principio de la audiencia ellos dejaron sentado que también ejercerían su defensa.
En ese sentido, ayer Julio Arriaza, quien al momento de ser capturado trabajaba como fiscal, se defendió diciendo que las detenciones son ilegales porque no habían órdenes de captura.
Arriaza alegó que la prueba para detenerlos han sido las escuchas telefónicas, como también lo ha justificado la misma fiscalía.
Sin embargo, Arriaza dijo ayer durante la audiencia inicial que el juez séptimo de Instrucción ya las había declarado ilegales y había ordenado su destrucción desde el 14 de abril de 2015.
Ese mismo argumento fue esgrimido por otros defensores ante la solicitud de la Fiscalía de que se escucharan los audios.
El fiscal Arriaza, en este proceso como imputado, así como otros defensores, pidieron a la jueza que certificara (informara de manera oficial) a la Fiscalía para que investigue a quienes ordenaron las detenciones, puesto que podrían haber cometido el delito de desobediencia al mandato judicial al no destruir los audios con que ahora los están incriminando.
Los defensores pidieron, por esa razón, que se declarara nulo el proceso judicial.
Arriaza pidió a la jueza ordenar el decomiso de las computadoras de los fiscales que los están acusando, para investigar -según él- las irregularidades que fueron cometidas por parte de la Fiscalía en este caso; también solicitó a la jueza, pedir todos los videos de la Fiscalía a la hora de sus capturas para verificar la autenticidad y legalidad del procedimiento.