La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) llamó a los salvadoreños, especialmente a los políticos, a ver las últimas sentencias que ha emitido como una oportunidad para lograr una verdadera reconciliación nacional, reivindicar los derechos de las víctimas de los crímenes más graves de la guerra por medio una “justicia transicional” y erradicar la impunidad.
Los miembros de la Sala, Armando Pineda (presidente), Florentín Meléndez, Sidney Blanco, Rodolfo González y Eliseo Ortiz (suplente) fueron invitados ayer por directores de diferentes medios de comunicación a exponer sentencias recientes: la que abolió la Ley de Amnistía de 1993, la que inhabilitó a los diputados suplentes y la que suspendió la aplicación del cargo adicional del 13 % a la tarifa de electricidad.
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Al salir del encuentro, los magistrados Meléndez y Blanco explicaron que no es cierto que el país se haya quedado sin amnistía, sino que se declaró inconstitucional la promulgada en 1993, porque la Constitución y los tratados internacionales no permiten un perdón total, como era ese.
Por eso quedó vigente la amnistía de 1992, que excluye los casos más graves o de lesa humanidad.
“No se ha derogado la amnistía, porque se crearía incertidumbre y una tormenta… pero los hechos más graves, como los crímenes de lesa humanidad y las peores atrocidades, no pueden quedar incluidos en una amnistía”, aclararon los jueces constitucionalistas.
Los magistrados recordaron que en la guerra de los 80 fueron atribuidas atrocidades o crímenes de lesa humanidad tanto la Fuerza Armada como la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el partido ahora en el gobierno.
El secretario general del FMLN, Medardo González, arremetió el jueves contra la Sala por la sentencia y se declaró “ofendido” porque en la sentencia se establece que la exguerrilla también cometió asesinatos y atrocidades.
Pero el mismo informe de la Comisión de la Verdad, formada con el auspicio de Naciones Unidas, expone al menos 32 hechos muy graves atribuidos tanto a la FAES como al FMLN.
Ante esto, con la sentencia lo que se busca es “la reparación integral a las víctimas de ambos bandos en los crímenes más graves”, explicó el magistrado Meléndez.
Medidas de reparación
Para ello, en la resolución se presenta una serie de mecanismos de “justicia transicional”, como una alternativa a la justicia penal, es decir, que permiten la reparación de daños a las víctimas sin que los hechores tengan necesariamente que ir a la cárcel, pero sin que ellos o el Estado deban responder de otra manera.
Según la sentencia, estas medidas son: el restablecimiento o restitución de los derechos conculcados; el resarcimiento; la compensación de los daños ocasionados; la indemnización de daños y perjuicios; la rehabilitación y readaptación de la víctima; la satisfacción y reivindicación de las víctimas; las garantías de no repetición y el conocimiento público de la verdad.
“Se han planteado mecanismos de la justicia transicional para lograr la reconciliación, la paz, el reencuentro nacional de la sociedad, tomando en cuenta a las víctimas de los crímenes más atroces cometidos por ambas partes”, insistieron.
“No hay nada de venganza. La sociedad salvadoreña debe estar tranquila de que la Sala se ha preocupado también por dar otra alternativa diferente a la persecución penal”, subrayó.
“No hay que ver un trauma en esto; no hay que ver tormentas donde no las hay. No estamos levantando el odio ni abriendo heridas con la sentencia, sino haciendo prevalecer la fuerza de la Constitución, que se respete el derecho a la vida, el derecho a la justicia que tienen las víctimas de los peores crímenes que se cometieron en la guerra para que no haya impunidad”, agregaron los jueces.
Subrayaron que lo que se busca es sentar un precedente para que se no se vuelvan a cometer crímenes de este tipo y que todos sepan que las peores atrocidades deben ser investigadas y llegar a la verdad.
“Lo que se busca es curar las heridas que nunca se curaron y cerrar esa página en beneficio del país, lograr que haya reconciliación nacional, que haya perdón, que haya arrepentimiento, para que dejemos un legado a las futuras generaciones”, enfatizaron.
Diputados suplentes no fueron electos
Sobre el fallo que inhabilita a los diputados suplentes, el magistrado Meléndez explicó que es el pueblo el que dispone quién va a ser diputado y quién emitirá leyes y puede reformar la Constitución; es decir, los diputados propietarios, no los suplentes, que nunca han sido electos por el pueblo.
A su juicio, lo que se dijo en la sentencia sobre los diputados suplentes no está produciendo ninguna desestabilización.
“El pueblo elige a los diputados propietarios para que trabajen en las comisiones y en las plenarias y, si eventualmente se ausentan por una razón legítima, tienen que justificarlo. Eso dice la Constitución. Pueden hacer uso de otros mecanismos legislativos para poder subsanar los vacíos cuando un propietario tenga que ausentarse”, explicó.
Como ejemplo citó que en la Corte Suprema hay 15 magistrados propietarios que diariamente acuden a reuniones de las distintas salas o de plenarias del máximo tribunal.
“Esa también es la obligación de los diputados propietarios con su pueblo, con los que hemos votado por ellos: que vayan a trabajar a la Asamblea todos los días y pueden contar con el apoyo de los suplentes como asesores, pero estos no pueden intervenir en actos eminentemente legislativos”, aclaró.
“Es el pueblo el soberano en este país, no los partidos políticos”, enfatizó.
Reuniones con otros sectores
Los magistrados afirmaron que, además de los directores de medios, se han reunido con la Conferencia Episcopal y próximamente lo harán con los rectores de las universidades, representantes de la Iglesia Evangélica y de otros sectores.
Los jueces constitucionalistas explicaron que su colega se disculpó de acompañarlos para que en las exposiciones no se produjeran malentendidos que confundieran a la opinión pública.