La Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) mantiene bajo investigación más de medio centenar de homicidios que podrían haber sido cometidos por grupos armados ilegales o grupos de exterminio en la zona oriental de El Salvador.
Fuentes de la institución informaron que de los cuatro departamentos que forman la región oriental, Usulután y San Miguel son los que acumulan el mayor número de casos.
En Usulután, la PDDH ha abierto tres expedientes por siete casos en los que suman 29 las personas que podrían haber sido ejecutadas por grupos de exterminio, en tanto que en San Miguel hay dos expedientes por ocho casos de ejecuciones en las que las víctima son 25.
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La PDDH, no obstante, no detalló si entre las ocho casos de ejecuciones están incluidos algunos de los que la Fiscalía y policía han adjudicado al grupo de exterminio desbaratado a principios de este mes, en los que supuestamente hay varios jefes policiales involucrados.
La Procuraduría indicó que en la Unión también investigan un caso en el que seis personas fueron asesinadas, mientras que en Morazán solo investigan dos casos con igual cantidad de víctimas.
Los ocho expedientes habían sido abiertos hasta mayo de este año, por existir la posibilidad, basados en los patrones registrados: víctimas llevadas por la fuerza, atadas con cintas plásticas, asesinadas y con tiro de gracia.
En los últimos tres meses, la Fiscalía y policía han desarticulado dos grupos de exterminio. En ambos han capturado a policías a quienes han acusado de participar como presuntos autores directos en las ejecuciones de supuestos pandilleros.
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En mayo anterior, fue desarticulado el primer grupo en el occidente del país, en el que también estaban presuntamente involucrados policías. Operaban de manera similar a la estructura de San Miguel.
El Diario de Hoy ha informado constantemente sobre la operatividad de grupos de exterminio en diversas partes del país, especialmente en el oriente salvadoreño, donde desde 2015 se han incrementado los casos en los que hombres vestidos con ropas similares a las de la policía o de los militares irrumpen en las viviendas de sus víctimas acribillándolas allí mismo o en lugares distantes.