El Fiscal General, Douglas Meléndez, sentó un precedente y envió un mensaje contundente contra los grupos que se toman la justicia en sus manos: “No podemos permitir que existan grupos paralelos que estén tomando la justicia… No estamos en el Viejo Oeste…”.
Dicho y hecho, mandó capturar a nueve supuestos miembros de un grupo de exterminio, entre ellos cinco policías, implicados en nueve homicidios en contra de pandilleros en el departamento de San Miguel.
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Para remarcar la decisión, ayer mismo la Fiscalía ordenó detener a ocho miembros del Grupo de Reacción Policial (GRP) por la muerte de un joven tras un enfrentamiento en San José Villanueva, en el que murieron siete presuntos pandilleros. “No lo puedo llamar de otra manera, este caso, según los indicios que tenemos se trató de una ejecución sumaria”, afirmó Meléndez.
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En el caso de la zona oriental, los crímenes fueron cometidos entre abril y mayo de este año en los municipios de San Miguel y Chirilagua.
Según el jefe del Ministerio Público, quien montó una inédita conferencia con periodistas en San Miguel, el grupo de exterminio estaba integrado por al menos 20 personas, nueve de las cuales fueron capturadas ayer en San Miguel, incluyendo a cinco miembros de la policía.
Entro los capturados están el subinspector Nelson A., jefe de la unidad antiextorsiones de la delegación migueleña; el sargento Jaime V., jefe del puesto de Chirilagua; el cabo Adán M., el agente José V. y el inspector José M.
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Cómo operaban
El fiscal Will Ruiz, jefe de la unidad contra el Crimen Organizado, sostuvo que lograron determinar que los policías participaron en este caso brindando información al grupo de exterminio, así como liberando de patrullajes las zonas donde se cometieron los crímenes.
“Se logró individualizar (identificar) a 22 personas relacionadas en estos casos, pero son más de 30 los participantes. En el caso de los policías, estos revelaban hechos, documentos con información a uno de los que financiaban el grupo”, explicó el jefe fiscal.
Explicó que eran cinco subgrupos que formaban el grupo de exterminio y que coordinaban acciones entre sí para poder montar las ejecuciones.
La forma de operar era usando vehículos alquilados para desplazarse, vistiendo ropas oscuras atacaban dentro o fuera de las viviendas donde estaban las víctimas y luego coordinaban con los miembros de la policía que les colaboraban, para evitar que las unidades policiales llegaran de inmediato a las escenas donde se registraban los asesinatos o para que evitaran se registraran patrullajes.
Ruiz agregó que los agentes supuestamente participaron en los asesinatos, mientras que los jefes presuntamente conspiraron para ejecutarlos.
En el caso de los que financiaban el grupo de exterminio el fiscal señaló que hay comerciantes y que incluso parte del dinero era enviado desde el extranjero para pagar los carros alquilados y toda la logística.
Por ahora el único capturado como presunto financista fue Willian Marroquín, que por un tiempo estuvo fuera del país y luego vino y participaba dentro del grupo ilícito.
Las autoridades aun no tienen la certeza de dónde provenían las armas que usaban y si las ropas eran uniformes auténticos de la policía.
Los funcionarios explicaron que estos grupos se hacían llamar “autodefensas”, pero que terminaban siendo típicas organizaciones de sicariato o asesinatos por encargo.
“Mueren delincuentes, pero también inocentes”
El fiscal Meléndez fue enfático al asegurar que “no vamos a permitir que nuestro país se convierta en el viejo Oeste, en nuestro país debe respetarse la ley”.
Aseguró que tras los arrestos habrá personas de la sociedad que consideren que es correcto que se eliminen delincuentes, pero aseguró que no permitirán que hayan actuaciones fuera de la ley porque el Estado de Derecho se descompone.
“Son los jueces, la Policía, la Fiscalía los que deben aplicar la ley, no grupos paralelos, porque en este ámbito mueren delincuentes, pero también mueren personas que no lo son y se aprovechan y están muriendo personas que posiblemente no tengan que ver con los hechos”, indicó fiscal Meléndez.
Señaló que en La Libertad, recientemente trataron un caso en donde estaban pagando no sólo por matar a pandilleros sino también a persona particulares que no tienen que ver con delincuentes.
“En nuestro país debe prevalecer la institucionalidad. Si bien existe las ansiedades por el daño de los delincuentes, pero tampoco podemos permitir grupos fuera de la ley matando a personas, nuestro país es una esto democrático y si lo permitimos se va a degenerar”, advirtió.
El fiscal Meléndez afirmó que el operativo en la zona de San Miguel continuará hasta hacer efectivas las 22 órdenes de captura.