CSJ declara inconstitucional el hacinamiento en cárceles

Resolución de Sala de lo Constitucional, manda a autoridades a dar respuesta

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El hacinamiento en las bartolinas fue declarado ilegal en junio de 2016 por la Sala de lo Constitucional. / Foto Por Jaime Anaya

Por Jaime López

2016-06-03 6:49:00

La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el hacinamiento en centros penales y bartolinas de El Salvador, especialmente en Quezaltepeque, Soyapango y San Vicente, al tiempo que ordenó el cese de esas condiciones a  “la brevedad de lo posible”.

Para ello, las autoridades involucradas deberán “realizar los planes estratégicos para ese efecto y llevar a cabo el seguimiento correspondiente”, afirma la resolución de la Sala de lo Constitucional.

Para el cumplimiento, la Sala ha enviado el mandato a los directores de la Policía Nacional Civil y Centros Penales, al ministro de Justicia, Fiscal General, ministro de Salud y a jueces de Vigilancia Penitenciaria.

Si bien la Sala no ha fijado un plazo para el cumplimiento de la resolución, el máximo Tribunal advirtió que realizará audiencias para auditar el avance de la orden.

El jurista Francisco Bertrand Galindo interpretó el mandato de los constitucionalistas como un llamado a las autoridades a prestarle más atención y darle mayor importancia al problema para que con sus recursos disponibles resuelvan el mismo.

Se intentó conocer la opinión del director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto y el ministro de Justicia, Mauricio Ramírez Landaverde sobre la resolución de la Sala de lo Constitucional pero no contestaron sus celulares, tampoco hubo respuesta de Comunicaciones de la Policía.

Sin embargo, el Gobierno  ha anunciado la construcción de los Centros Temporales de Reclusión donde espera albergar a unos diez mil reos de “baja peligrosidad”. Asimismo construye otras dos fases del penal de Izalco en Sonsonate donde espera alojar a más de dos mil reos, al igual que la ampliación de las granjas penitenciarias en Izalco, Metapán y Zacatecoluca, a parte de la implementación de los brazaletes para reos en fase de confianza.

Las demandas

Abogados de tres reos recluidos en  los calabozos policiales de Quezaltepeque, San Vicente y Santa Tecla presentaron tres recursos de hábeas corpus (exhibición personal) para demandar violaciones a derechos de sus defendidos.

Por ejemplo una celda de las bartolinas de Quezaltepeque en La Libertad de 3×3 metros de área tiene 34 detenidos.

“Esa situación a la larga genera o puede generar enfermedades mentales producto de dicho encierro violentando todas las normas mínimas de respeto a la integridad personal que puedan existir”, reza el escrito.

En esas condiciones, los  defensores alegan que los reos no tienen el espacio mínimo para  su alimentación, evacuación de sus necesidades biológicas, aseo personal, dormir, atención médica y que como consecuencia sufren de enfermedades infecto contagiosas. Pese a su mal estado de salud, algunos prisioneros con enfermedades dermatológicas por el contacto de piel a piel y la falta de aseo, no son debidamente tratados o en su defecto son atendidos por un médico, pero no reciben el medicamento para curarse, explica el escrito.

Se quejan de estar en  bartolinas policiales a pesar de haber sido condenados y aunque los jueces de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena  han ordenado su traslado a centros penales como  La Esperanza o Mariona (San Salvador) y Apanteos (Santa Ana), el mandato no se ha cumplido.