Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobaron este jueves tres criterios para investigar los casos de funcionarios público en la sección de Probidad del máximo tribunal.
Los criterios fueron aprobados luego de semanas que la comisión de Ética y Probidad, conformada por cinco magistrados, trabajara en definirlos.
El magistrado de la Sala de lo Civil, Óscar López Jerez, reveló a El Diario de Hoy que los criterios aprobados son estudiar la antigüedad de los casos, que tiene como el fin de evitar la prescripción del delito de enriquecimiento ilícito, la cual es de 10 años, según la Constitución.
Otra de las reglas es el cargo que tiene el funcionario público, y la notoriedad o escándalo que el caso pueda generar en la opinión pública.
En cuanto al punto de relevancia del cargo, el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González, explicó que con los funcionarios de alto nivel hay riesgo de vinculación con el crimen organizado o estructuras de corrupción, ya que estos puede valerse de su cargo para cometer actos ilícitos o facilitárselos a terceros.
Además, aseguró que ante los casos notorios de corrupción que surjan a partir de investigaciones periodísticas o a través de indicios de irregularidades detectadas por diferentes instituciones, la CSJ “no puede cerrar los ojos”.
“Decimos que hay casos en los en los que evidentemente un funcionario llevó o sigue llevando un estilo de vida que no es compatible con sus ingresos legales, entonces se va a llevar para que se investigue”, afirmó González.
Asimismo, aseguró que en esta categoría de criterios están incluidas aquellas personas que fiscalizan fondos públicos.
Por ello, José Belarmino Jaime, uno de los magistrados de la Comisión y Ética de Probidad, subrayó que aunque no sean funcionarios, hay personas que tienen relación con el dinero del Estado y bajo este criterio serán indagadas.
Según el magistrado, la aprobación de estos reglas se pueden “cubrir” la mayoría de casos de Probidad que podrían surgir y la lista que contiene a 29 funcionarios públicos -de los cuales cuatro ya están siendo procesados, entre ellos el expresidente de la República Mauricio Funes- no tendrá variación.
Contrario a lo que otros magistrados han manifestado, González aclaró que dicha lista sí fue definida bajo criterios establecidos, y fue formulada por el presidente de la sección de Probidad, Carlos Rafael Pineda, y dos magistrados: Jaime y Edwin Sidney Blanco, por lo tanto, los casos no dejarán de investigarse.
Tampoco los 14 casos que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ha presentado se dejarán a un lado, especificó el magistrado.
“Todos esos casos que ya se vienen analizando no van a dejar de analizarse por el hecho que hasta hoy se definieron los criterios”, acotó González.
Agregó que hoy la comisión de Ética y Probidad se reúne para preparar los siguientes casos a investigar y que posiblemente estos serán presentados la próxima semana en Corte Plena.
Probidad limitada de recursos
Belarmino Jaime señaló que uno de los problemas en el avance de las 25 investigaciones restantes del listado ya presentado, se debe a que la sección de Probidad de la Corte Suprema tiene pocos recursos.
Rodolfo González, no obstante, manifestó que el presidente de Probidad junto al presidente de la CJS, Óscar Armando Pineda, ya están realizando los análisis para proveer a la sección encargada de las investigaciones de más recursos humanos y materiales.
Detalló que hay ofrecimientos extranjeros para los abogados y auditores de Probidad, para que puedan dar respuesta a todos los casos de funcionarios públicos, pero que no quedarán sin investigarse.