Don Freddy Hernández soñó con ver crecer el proyecto ecoturístico que desarrolló desde hace muchos años en San Ignacio, Chalatenango. En el camino se encontró con la oportunidad de un crédito de Fomilenio que le auguraba todo el éxito y con la fe puesta en Dios decidió tomar prestado más de $300,000 para ampliar las instalaciones.
En el momento de la asesoría, le dijeron que podía trasladar ese crédito a otro banco y pedir refinanciamiento. Mientras tanto, la empresa tramitaría los permisos con el Ministerio de Medio Ambiente y los técnicos de Fomilenio le darían asesoría para mejorar sus finanzas.
Pero ni los permisos ni la asesoría llegaron y el crédito se hizo cada vez más difícil de pagar.
Al no poder pagar el préstamo, vino el juicio por embargo y todos los procedimientos para entregar la propiedad, que estaba valorada inicialmente en $920 mil.
Pero cuando llegó la orden de ejecución, su sorpresa fue que la propiedad había sido valorada en apenas $450 mil, por lo que aún quedaban debiendo mucho dinero a Bandesal.
Don Freddy tuvo que poner su casa y otros bienes más como pago para amortiguar el cobro que le estaba haciendo el banco.
El colmo de la decepción fue cuando una señorita del juzgado de lo Civil en el que se desarrollaba el caso, apareció en diciembre del año pasado en las instalaciones del negocio y les exigió a todos los empleados que dejaran de trabajar y desalojaran la propiedad porque estaba embargada, aún sin contar con una orden judicial.
Por este caso, don Fredy ha interpuesto una denuncia particular por abuso de poder, lo que ha detenido el proceso definitivo. “No sé hasta cuándo estemos así”, se lamenta el pequeño empresario.