Retirar el subsidio de los buseros fue una acción sin precedentes que el expresidente Francisco Flores implementó durante su gestión.
La noche del 26 de noviembre de 2001, Flores anunció por medio de una cadena nacional que había ordenado la supresión del subsidio al diesel y el congelamiento de las tarifas del transporte para evitar un alza en los pasajes.
Él buscaba impulsar un plan de modernización del sector transporte colectivo y entre sus planes también contemplaba el retiro de las unidades que tuvieran más de 15 años de estar circulando.
De las 3000 unidades que circulaban en la capital durante esa época, 780 iban a ser retiradas porque ya pasaban su tiempo de vida útil.
Además, debido al retiro del subsidio, se aplicó una reducción en el precio de la gasolina de hasta 4.46 colones, y el precio del galón de gasolina especial bajaría a 13.24 colones.
La ciudadanía celebró el anuncio, mientras que los transportistas demostraron su descontento por medio de paros de labores, protestas e incluso enfrentamientos con la policía.
La fricción generada por la molestia de los transportistas y la posición del gobierno de no ceder ante la presión llegó a su máximo punto con la captura de decenas de motoristas, incluidos tres importantes dirigentes del sector.
Entre los detenidos estaban Genaro Ramírez, presidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS), Joaquín Herrera Contreras, presidente de la Asociación de Transportistas de Pasajeros de Autobuses (ATP), así como Mario Germán Lara, de AEAS 2.
La captura de dirigentes de buseros por alterar el orden público llevó al resto del gremio a levantar el paro que ya había durado cuatro días.
A cambio pidieron entablar un diálogo, pero el gobierno de Flores reiteró que no había nada que negociar sobre el tema.
La lucha por impulsar la modernización del sector transporte continuó durante la mayor parte del año 2002.
El gobierno buscaba atar a los buseros a contratos de concesión de líneas de transporte en los que se les impedía cambiar las tarifas o involucrarse en desórdenes públicos.
Pero poco a poco, los transportistas lograban el apoyo de los diputados de la Asamblea Legislativa.
El 3 de octubre de 2002, Flores vetó un decreto legislativo en el que se otorgaba un año más de vigencia para los permisos de línea de los buses antiguos.
Sin embargo, pocos días después, el 11 de octubre, diputados de la oposición legislativa aprobaron un decreto para que ya no se exigiera el contrato a los buseros y pudieran obtener sus tarjetas de circulación y placas con facilidad.
En tanto, Flores reiteraba su posición por transformar el sector transporte e impedir que continuaran circulando buses en malas condiciones.
Pero el 13 de febrero de 2003, la Asamblea Legislativa consiguió garantizar un decreto más flexible para los transportistas.
El subsidio al sector volvió con la administración de Antonio Saca.