Padres de Maryory Gicell Medrano, la bebé de dos meses de nacida que con engaños, una mujer se llevó de las manos de su madre el 2 de diciembre, acudieron ayer por la mañana a solicitar al fiscal general, Douglas Meléndez, que investigue la complicidad de algunas personas.
Según la madre de la niña, Graciela Nóchez, en el momento del robo, avisó y pidió a los vigilantes y al personal de la Unidad de Salud San Miguelito que la ayudaran, pero se mostraron indiferentes.
Por esa razón, Franco Medrano, padre de la bebé y su esposa solicitaron a la Fiscalía que inicie una investigación e interrogue a las personas que en el momento del hecho, les pidieron ayuda y no se la brindaron.
“Exigimos que el Estado sea más eficiente en garantizar los derechos y las libertades de nuestra bebé quien posiblemente ha sido víctima de trata de personas”, expresaron los padres afectados al fiscal general, Douglas Meléndez.
Las víctimas no descartan que su pequeña hija haya sido sujeto del delito de trata de personas, por lo que urgieron a Meléndez que ponga sus buenos oficios y ordene cuanto antes la investigación.
De esta manera pretenden que en el país no se permita que cualquier persona entre a una Unidad de Salud a raptar a un bebé, sin que las autoridades hagan el mínimo esfuerzo para impedirlo.
Nóchez afirmó que la Unidad de San Miguelito, siempre se ha mantenido concurrida de paciente, pero el día que pasó su caso, estaba vacía.
“Los doctores que me atendieron a la bebé siento que me retuvieron mucho tiempo el expediente para darme la siguiente cita de control y me mandaron a Odontología para que le revisaran la dentadura a mi niña”, relató.
Esas coincidencias, dijo que la hacen pensar, que todo fue para dar tiempo a la persona que le robó a su hija. Añadió que por lo general tres agentes brindan seguridad privada en la Unidad de Salud, pero en el momento del hecho, solo había uno, lo cual les genera muchas dudas.
“Las autoridades deben investigar estos hechos porque no es justo que el personal de las unidades de salud se estén prestando a estos delitos (o sean posibles cómplices)”, puntualizó la madre.
Día después del caso que el personal fue interrogado por los defensores, algunos empleados dijeron que ni siquiera estaban enterado.
Aclaró que minutos después del robo de su bebé acudió a los soldados y policías en la zona, quienes realizaron un operativo, pero sin mayores resultados.
El 21 de diciembre, la angustiada pareja originaria de Apopa y tras 20 días de no saber en que manos está su hija, acudió a la Procuraduría General de la República en busca del apoyo profesional para dar con su hija. En esa ocasión, la procuradora general, Sonia de Madriz se comprometió a destinar un abogado para involucrarse en el caso.