El abogado de La Prensa Gráfica Aristides Perla, afirmó la tarde del miércoles que presentará un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional, ante la negativa de la jueza Segundo de Instrucción de Santa Tecla de quitarle la “reserva total ” o restricción al caso “troll center”.
El profesional fundamentará el recurso por violación al derecho a la libertad de información, acceso a la información y el derecho que tiene la sociedad salvadoreña a conocer la verdad sobre el caso.
Por el momento, el escrito está en proceso de redacción, afirmó.
El abogado manifestó que desde que el caso pasó a la fase de instrucción, la juzgadora tomó la decisión de restringir el acceso y conocimiento del proceso a particulares.
De esa forma se impidió el acceso de los periodistas al proceso, y que defensores como fiscales brindaran dieron información del caso en cualquier momento.
Tras considerar que la medida impuesto por la juzgadora viola derechos fundamentales como la libre expresión, el abogado Perla presentó la primera semana de enero, un recurso de revocatoria, para que la jueza eliminara la prohibición de acceso al proceso por tiempo indefinido.
Semana después, la juzgadora respondió la petición del abogado Perla, con un “no a lugar” o el rechazo total a la misma.
“En su resolución, la jueza no cuestionó ni desacreditó los argumento de mi petición, en el sentido de que su decisión iba encaminada a censurar a los medios de comunicación y una vez censurados estaba violando principios fundamentales regulados en la Constitución y Tratados Internacionales”, aseveró Perla.
Estos principios los constituye la libertad de información y de prensa, acceso a la información y el derecho de la sociedad a conocer la verdad, todo eso la jueza no lo refutó en su resolución”, aclaró el abogado.
Ante esa situación, Perla volvió a recurrir al Juzgado para presentar una solicitud de nulidad, pero de nuevo la juzgadora contestó no de acuerdo a la condición del trámite sino de forma equivocada, según el abogado, al considerar el escrito presentado como un recurso de nulidad, el cual no existe.
El objetivo de la última solicitud fue reparar o corregir los actos defectuosos que van en contra del procedimiento y la Ley; pero también la jueza, lo rechazó.
“Esto lleva a establecer una clara censura a los medios de comunicación sin haber justificado para qué decretó la reserva parcial o total del proceso”, subrayó Perla.
No se puede cumplir una reserva que es ilegal, diferente era cuando el caso estaba en investigación que no se podía divulgar para no entorpecer la investigación.
A juicio de Perla, los medios de prensa han actuado de forma responsable en el proceso, pero una vez que la causa pasó a manos de la justicia, no se requiere de esa prohibición.
El periodo de investigación y recolección de pruebas contra el principal imputado en este proceso, Ricardo Ortiz, terminará en abril cuando el Juzgado Segundo de Instrucción realice la audiencia preliminar o antes del juicio.
En la etapa actual, la Fiscalía General de la República, además de recabar todo cuando abone a la acusación, gestiona ante las instituciones nacionales como la Corte Suprema de Justicia y Cancillería, la asistencia internacional para que las autoridades estadounidenses puedan aportar información vital y necesaria en el juicio.
En ese sentido, Perla no quiso profundizar como avanzaba el proceso, pues es una atribución que corre por cuenta del Ministerio Público, enfatizó.