“La nueva ley de Probidad, por muy moderna que sea, no funciona”

El analista Félix ulloa señalaró vacíos e inconsistencias en la nueva ley de Probidad, que se encuentra detenida debido a una medida cautelar.

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Por ElSalvador.com

2016-02-08 9:10:00

En el espacio radial Pencho y Aída, los analistas Félix Ulloa, del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador, y Roberto Rubio de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), realizaron un balance del combate a la corrupción en el país y los principales casos abiertos por la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, donde 29 funcionarios y exfuncionarios están siendo investigados por presunto enriquecimiento ilícito. 

 

Rubio calificó este proceso de “importante e inédito” y afirmó que es un gran paso que “en el país hay una lista de funcionarios de alto nivel que pueden ser investigados y llevados a juicios civiles y penales”. Además, señaló que es un avance el que un ciudadano pueda solicitar el examen de las auditorías realizadas por la sección de Probidad, pues lo que ahora se encamina a ser un proceso transparente, antes era un trámite más donde las declaraciones se consideraban “casi un secreto de Estado”.

 

Sobre las incoherencias encontradas en las declaraciones patrimoniales del expresidente Mauricio Funes, cuyo caso será debatido por los 15 magistrados de la CSJ mañana, Rubio destacó que hay que estar vigilantes del proceso, pues por el cargo que ostentaba “puede haber bastantes presiones (sobre los magistrados) para no enviarlo a juicio civil por enriquecimiento ilícito”, a pesar de las muestras de crecimiento patrimonial injustificado, encontradas tras el análisis de Probidad. 

 

 

 

 

Sobre la nueva ley de Probidad, aprobada en diciembre pasado y sancionada de forma exprés y en secreto por el Presidente de la República, el abogado Félix Ulloa afirmó que lo aprobado buscaba modernizar la normativa existente, pero reconoció que la ley le quita facultades a Corte Plena. “Con esto vemos que no es un problema de tener buenas leyes, sino de voluntad política”, agregó Ulloa.

“La nueva ley de Probidad, por muy moderna que sea, no funciona y desactiva mecanismos procesales”, sentenció.

 

 

 

Esta ley se encuentra detenida por una medida cautelar de la Sala de lo Constitucional, la cual ha admitido dos demandas en su contra, por lo que los casos actuales se están analizando a la luz de la ley anterior, que data de 1959.

A pesar de este retroceso, Ulloa calificó de positivo el protagonismo que están ganando las instituciones vigilantes de la transparencia, como son la sección de Probidad de la CSJ y el Instituto de Acceso a la Información Pública, IAIP. “Esto indica que los salvadoreños estamos siendo auditores de las instituciones públicas”, afirmó.